Publican declaración de conflicto de interés

Dos secretarios de Estado solicitaron a la SFP que no se dé a conocer públicamente su declaración de posible conflicto de interés, dos aceptaron que tienen otras actividades que podrían significarles conflictos de interés y 11 precisaron que no tienen ese riesgo.

Así lo dio a conocer la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la página de Internet servidorespublicos.gob.mx, donde cualquier persona puede consultar las declaraciones patrimonial y de posible conflicto de interés de los funcionarios federales que de forma voluntaria han aceptado publicar esta información mientras entran en vigor las nuevas leyes anticorrupción.

Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, Vidal Soberón Sanz, secretario de Marina, y Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura, solicitaron que no se hiciera pública su declaración de posible conflicto de interés.

En contraparte, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, es uno de los que reporta otras actividades que podrían significarle un conflicto de interés. Acotó que tiene participación en seis empresas que se dedican a la compraventa de gasolina. Agregó que es miembro del consejo político estatal del PRI en Quintana Roo y miembro del Consejo Político Nacional del tricolor. Mientras que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, también precisó que es socio del Club Toluca.

Los titulares de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la SEP, Aurelio Nuño; Hacienda, José Antonio Meade; Sedesol, Luis Miranda; Sedatu, Rosario Robles; Semarnat, Rafael Pacchiano; Sagarpa, José Calzada; Turismo, Enrique de la Madrid; Defensa, Salvador Cienfuegos; Economía, Ildefonso Guajardo, y del Trabajo, Alfonso Navarrete, detallaron que no tienen posible conflicto de interés.

Lo anterior, debido a que no tienen algún puesto, cargo, comisión o actividades en asociaciones, sociedades, consejos ni consultorías, tampoco actividades filantrópicas ni participaciones económicas o financieras que les puedan significar algún conflicto de interés.

Será hasta julio del 2017 cuando entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual precisa que todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno deben presentar sus declaraciones patrimoniales y de interés, información que tendrá una versión pública y que está por definirse.