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Sí a un debate sobre órganos autónomos, pero sin la intervención del Ejecutivo: exintegrantes de IFE e IFT
Debilitarlos sería un retroceso para la democracia mexicana y los derechos humanos, opinaron.
La discusión sobre el papel de los órganos autónomos en la democracia de nuestro país debe ser ajena al presidente de la República, mientras que plantear su desaparición o debilitamiento significa un fuerte retroceso para los derechos humanos, opinaron exintegrantes de algunos organismos.
Al señalar que los órganos son básicos para delimitar el viejo presidencialismo mexicano, Jaime Cárdenas Gracia, quien fuera consejero electoral del entonces IFE, entre 1996 y 2003, consideró que no solamente se debe abrir un debate sobre la austeridad que deben aplicar estas instituciones, sino que también se deben analizar los métodos de nombramiento, todo ello en el marco de una legitimidad democrática, pero siempre fuera del alcance del Ejecutivo federal.
“Yo creo que el presidente ya no debería insistir en invadir las cuestiones de los órganos autónomos, está bien que se convierta en un debate nacional para resolver los problemas de los órganos autónomos, pero no debería intervenir.
“Es importante que exista un debate sobre cuánta democracia deben tener esos órganos, sobre cuánto deben ganar los funcionarios y un debate sobre cómo deben ser nombrados. Pero creo que debiera ser ajeno el presidente a esa discusión”, expresó Cárdenas, académico y extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
El exconsejero electoral dijo entender muy bien la crítica de López Obrador sobre la alta burocracia de los organismos y los altos salarios de los funcionarios; sin embargo, señaló que desde su punto de vista no basta con tocar un tema de austeridad, sino que se debe desvincular a los órganos autónomos de los partidos y del propio presidente.
“Es decir, se debe buscar un método de selección o designación de los órganos autónomos que no corra a cargo de los partidos, de los congresos, de las cámaras, o que tenga influencia en su nombramiento el presidente o el partido del presidente”, concluyó.
En tanto, María Elena Estavillo Flores, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), opinó que contar con entes autónomos que generan procesos y marcos jurídicos fortalece a los países y a las democracias, y el hecho de desaparecerlos o debilitarlos “sería una pérdida terrible y un retroceso en los derechos humanos, porque existen justamente para promover estos derechos humanos”.
Quien fuera consejera del 2013 al 2019, insistió que la construcción de instituciones autónomas es importante y no significa que no se puedan reformar, sin embargo, dicha posibilidad siempre tiene que estar abierta sólo ante una verdadera necesidad de ajustar.
También lamentó el hecho de que se suponga que existe duplicidad de funciones con algunos de estos entes autónomos. “Sería importante informar al presidente que las funciones constitucionales (de los organismos autónomos) no las tienen ninguna otro autoridad, y muchas de sus facultades son exclusivas”.
Finalmente, Gustavo López, del Tecnológico de Monterrey, advirtió que plantear la revisión de los órganos autónomos tiene que ver con la necesidad del presidente de atraer esas capacidades que no existían y que ahora se configuraron afuera del Ejecutivo federal, con el fin de tomar decisiones o pasar por encima de esos órganos autónomos que representan un límite a su poder.
“Tiene un modelo de gobierno en el que busca centralizar las decisiones que él no puede tomar, eso obviamente traería retrocesos en términos de la configuración del sistema democrático de los últimos 20 años, pues los órganos autónomos responder a necesidades de que el presidente no tuviera todo el poder”, explicó.