Vigilantes anticorrupción no dan seguimiento a casos

La Auditoría Superior de la Federación reveló un decálogo de casos en los que funcionarios detectados en actos de corrupción obtienen de la justicia administrativa amparos que los liberan de pagar sanción, debido a que los Órganos Internos de Control (OIC) no defienden el caso ante la justicia o incluso tardan hasta tres años en emitir resoluciones.

En uno de los documentos de su revisión a la Cuenta Pública del 2011, referente a la gestión sancionatoria de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría enumera 37 expedientes en los que estuvieron involucrados 196 funcionarios en actos de corrupción e involucran recursos por 9 millones 931,771 pesos, y en los que los Órganos Internos de Control tuvieron deficiencias al momento de documentar y defender los casos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por ejemplo, en la revisión que hizo la Auditoría al expediente de responsabilidad número 0103/2006, por 254,000 pesos, se comprobó inactividad en los procesos por 126 días naturales desde la fecha en que recibieron el asunto en los OIC.

Las dos sanciones económicas impuestas por dicha cantidad fueron impugnadas por los servidores públicos involucrados y, en ambos casos, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad lisa y llana, debido a que el OIC no acreditó la irregularidad, por lo cual no se cobró la sanción.

En otro caso, el expediente de responsabilidad número 0167/2008, que involucró sanciones por 1 millón 423,000 pesos, la ASF también comprobó inactividad durante 193 días desde la fecha en que el OIC recibió el asunto. Esa sanción fue impuesta a un servidor público del IMSS, pero fue impugnada por éste ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual finalmente declaró la nulidad lisa y llana, debido a que el Manual de Procedimientos para el Trámite de Pago y Control de Techos Financieros y el Manual de Organización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención del IMSS, que fueron incumplidos y sirvieron de base para determinar las conductas infractoras, no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Por ello, la Auditoría alertó que 87.5% de los expedientes que revisó presentó omisiones en el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados en campos como: daño o perjuicio ocasionado, fecha de inicio, puesto del denunciado, fecha de inscripción en el RSPS, número de crédito fiscal asignado y monto, lo que fue argumento para que el Tribunal declarara la nulidad de los casos contra los 43 servidores públicos involucrados en actos de corrupción.

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