Más allá del manicomio: los derechos de los enfermos mentales

De todas las personas que son víctimas de las formas más crueles y depuradas de marginación y rechazo, los enfermos mentales son –sin lugar a dudas- quienes enfrentan la mayor dosis de incomprensión, desconfianza e indiferencia por parte de nuestra sociedad.

La explicación es vergonzosamente simple: una persona con alteraciones severas de sus procesos mentales, es incapaz –en ciertos momentos- de expresar de manera articulada, serena, coherente e inteligible todo aquello que redunde en su salud y bienestar. De ahí que el derecho universal a decidir libremente su propia vida pueda verse interrumpido o suspendido de manera abrupta, e incluso violenta en algunas ocasiones.

Las personas con problemas de salud mental a menudo son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se las interna en instituciones psiquiátricas aisladas geográfica, social y culturalmente, en condiciones físicas deplorables e insalubres que representan graves riesgos para su salud general e incluso para su vida. Estas violaciones a los derechos humanos básicos suelen tener efectos negativos en los pacientes y sus familiares que – si no son resueltos en tiempo y forma adecuados - tienden a complicar la evolución de la enfermedad y las probabilidades futuras de rehabilitación y reinserción a su comunidad.

Por ello es importante contar con mecanismos jurídicos eficaces que protejan y garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y las libertades fundamentales de las personas con problemas de salud mental, pero además es igualmente importante que éstos sean diseminados por los canales públicos para que la sociedad en su conjunto los conozca y los lleve a la práctica.

La semana pasada comentábamos aquí las más recientes reformas y adiciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental. Entre estas, sobresale el señalamiento para que el tratamiento de los enfermos, de ahora en adelante, no solo se concentre en mejorar o resolver los síntomas más agudos o disruptivos, desde una óptica médico-psicológica, sino en incorporar de manera efectiva la rehabilitación psico-social mediante programas extrahospitalarios y comunitarios , que faciliten el regreso de la persona enferma al lugar al que pertenece y en las condiciones de mejoría clínica elementales para poder continuar con su vida familiar, académica, laboral y social.

Esta Ley renovada introduce un encuadre jurídico de derechos básicos: 1) la mejor atención disponible en salud mental, sin discriminación y respetando la dignidad personal; 2) la presencia de un representante legal que vele por los intereses del paciente; 3) el consentimiento informado para cualquier tipo de tratamiento (excepto cuando las condiciones críticas del enfermo requieran una atención urgente); 4) minimizar cualquier forma de restricción física en casos riesgosos; 5) tratamientos individualizados y regularmente revisados; 6) no ser sometido a intervenciones drásticas e irreversibles; 7) recibir atención en la propia comunidad; y 8) a la confidencialidad de la información psiquiátrica.

A pesar de que los derechos humanos tienen reconocimiento internacional, los derechos básicos de personas con enfermedades mentales son todavía ignorados en muchos lugares. Su conocimiento y respeto contribuirá a una mejor salud mental de la sociedad.