Mauricio Macri expulsará a migrantes por decreto

El gobierno argentino endureció su política migratoria a través de un decreto que agiliza la expulsión de extranjeros con antecedentes penales y limita los permisos de residencia.

La medida, que refuerza los prejuicios en contra de los extranjeros en un país que tuvo en la migración uno de los pilares de su historia, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el decreto, ahora se reducirán los tiempos para expulsar a ciudadanos de otros países sobre los que pesen causas judiciales.

Agregó que actualmente el 21.3 por ciento de los presos en cárceles argentinas son extranjeros y que en los delitos vinculados a la narcocriminalidad, la cifra aumenta a un 33 por ciento.

El gobierno de Mauricio Macri consideró que Argentina vive una situación crítica en esta materia, por lo que ya no se permitirá el ingreso ni la permanencia de extranjeros condenados aquí o en otros países.

Tampoco se autorizará la llegada o radicación de personas con antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o cualquier otro delito que merezca una pena privativa mínima de tres años.

Una de las excepciones se dará si los inmigrantes que pagaron a gestores para que los trajeran colaboren con las autoridades para denunciar a los traficantes de personas, ya que sólo así podrán pedir la residencia y evitar la expulsión.

Hasta ahora, los deportados tenían prohibido regresar al país durante cinco años, pero el plazo aumenta a ocho años si cometió delitos dolosos.

Con respecto a los permisos de residencia, se cancelarán en automático si las autoridades descubren que se falsificaron documentos o si el extranjero fue condenado aquí o en otro país, aunque la condena no esté firme.

También cancela la residencia permanente "a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria , excepto si trabaja en el exterior para el gobierno argentino.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos reconocida a nivel internacional, denunció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria .

Explicó que la ministra manipuló los datos para presentar una incidencia mucho mayor de los extranjeros en delitos relacionados con drogas que en otros delitos.

Los datos producidos por el Ministerio de Justicia de la Nación sobre la totalidad de la población carcelaria argentina muestran que las personas detenidas por delitos relacionados con drogas representa sólo el 10 por ciento del total de presos , advirtió.

Ese porcentaje, precisó, engloba tanto a personas que cometieron delitos graves de narcotráfico y a las mulas o pequeños vendedores, personas pobres que también son víctimas de las redes de narcotráfico.