Abrogar la Ley de Seguridad Interior

La abrogación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) será uno de los temas que, muy posiblemente, será ignorado en la declaración sobre el proyecto de seguridad pública del gobierno entrante, que se anunció para el 24 de octubre. Será una lástima porque el cambio de estrategia para enfrentar al crimen organizado, que tendría que poner el énfasis en cortar el contubernio de éste con el ámbito político y atacar su sistema de financiamiento, también debería incorporar la abrogación de esta ley como parte integrante de un nuevo camino hacia la pacificación del país.

Los defensores de la LSI aducen que es pertinente porque otorga un marco jurídico de actuación a las fuerzas armadas en las labores policiacas que les asignaron los sucesivos gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en consonancia con la guerra contra el narcotráfico. En contraposición, quienes la impugnan señalan que es inconstitucional, porque determina labores permanentes del ejército en materia de seguridad pública y favorece la violación de los derechos humanos.

Promulgada el pasado 21 de diciembre del 2017, a propuesta del Ejecutivo, la constitucionalidad de la misma fue impugnada por diputados y senadores de oposición y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impugnaciones que están pendientes de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El litigio al respecto no se ha circunscrito a la acción de inconstitucionalidad. El juicio de amparo 124/2018, promovido por las organizaciones civiles Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Red de Defensa de los Derechos Digitales, dio como resultado la sentencia del juez de amparo que, en mayo, tildó a dicha ley como inconstitucional, con el argumento de que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, al incorporarlas en funciones de seguridad interior en tiempos de paz, implica un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

Ciudadanos independientes también han intentado la invalidez de la LSI. El colectivo Seguridad sin guerra, del que forman parte 300 organizaciones y personas, entre las que destacan Gael García y Denise Dresser, realiza una campaña para presionar a los ministros de la SCJN para que determinen la inconstitucionalidad de dicha ley.

Otro camino contra la LSI se ha seguido en la arena legislativa.

A partir de la instalación de la actual legislatura federal, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se han presentado cuatro iniciativas distintas para abrogar dicha ley. El senador Emilio Álvarez Icaza, con la firma de senadores del PAN, PRD y PT, presentó la primera el 6 de septiembre, que fue secundada por otra suscrita por senadores de MC interpuesta el 11 del mismo mes. En San Lázaro, la diputada Claudia Reyes Montiel del PRD presentó en tribuna su iniciativa con idéntico fin el 19 de septiembre, en tanto que la diputada Ana Priscila González hizo lo propio 10 días después.

Como puede verse, la oposición a la LSI abarca un amplio abanico de las fuerzas políticas y de los círculos intelectuales del país. A partir de la instalación de la nueva legislatura, en la que el partido Morena tiene el predominio y la hegemonía en ambas cámaras, se pensaría que quedó franco el camino de la abrogación de la LSI por la vía legislativa.

Sin embargo, la postura de este partido se ha caracterizado por la ambigüedad al respecto: la plataforma electoral de Morena para el 2018 reivindicó la LSI arguyendo que “es impensable que el Ejército siga en las calles sin un ordenamiento legal apropiado”. Pese a ello, los diputados morenistas de la anterior legislatura votaron en contra de su aprobación y firmaron la acción de inconstitucionalidad presentada por más de un tercio de la cámara a principios de este año.

Mientras que amplios sectores demandan un radical cambio de estrategia en las políticas de seguridad pública, veremos en los próximos días de qué alcance y calado es la cuarta transformación en esta materia.