Defender el imperio de la ley en España

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de España y uno de los tres magistrados que forman parte del Gobierno, salió el martes en defensa de la Justicia en España; ¡ya era hora! Y lo hizo con una frase brillante y certera al referirse al "imperio de la ley".

En una democracia, el cumplimiento de las normas es esencial para su supervivencia y todo el que se las salte debe ser juzgado y condenado, si se prueba su culpabilidad. Todo lo demás son ataques al sistema democrático, en el que la separación de poderes es uno de sus pilares básicos.

Campo hizo estas declaraciones en la sede oficial del Consejo de Ministros al referirse a las críticas explícitas de algunos de sus socios de Gobierno sobre la repetición del juicio a Arnaldo Otegui, cuya sentencia había sido anulada por el Tribunal Europeo.

Cualquier jurista sabe perfectamente que si se anula un juicio, hay que repetirlo. También lo sabía el exdirigente etarra y actual líder de EH Bildu cuando recurrió la sentencia del Tribunal Supremo por la que fue condenado a seis años de cárcel. Pero una cosa son los conocimientos básicos del derecho y la Justicia y otra muy distinta es el sectarismo y el oportunismo político cuando se quiere blanquear a un político al que se necesita para socavar las instituciones del Estado.

Una vez más, los dirigentes de Unidas Podemos, auxiliados por los independentistas vascos y catalanes, han mostrado su doble vara de medir frente a las decisiones judiciales. Sólo las aceptan si forman parte de su relato de una justicia politizada y al servicio de sus intereses, que no son otros que la ruptura del sistema institucional español surgido de la Constitución de 1978. Un simple vistazo a la hemeroteca demuestra que Pablo Iglesias, Gabriel Rufián o Arnaldo Otegui, entre otros, consideran ilegítimas las sentencias que le son desfavorables, mientras defienden aquellas que les favorecen.

Es un juego desleal y antidemocrático, en el que no ahorran ataques a jueces y magistrados que no entran en su política. Ya lo hicieron con la sentencia a los políticos sediciosos de Cataluña o con otras decisiones judiciales relativas a innumerables miembros de sus partidos condenados en los últimos años. Y lo hacen ahora para atacar a la Monarquía en España, por la regularización fiscal del rey Juan Carlos, que consideran una declaración de culpabilidad, cuando hace unos años calificaron como un detalle de honradez la regularización, por una cantidad similar, de Juan Carlos Monedero. Uno y otro tenían los mismos derechos a ojos de la Justicia, pero no para los miembros del partido morado.

El imperio de la Ley debe marcar la actividad de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los responsables de cada uno de ellos deben adecuarse a la legislación vigente y respetar la independencia del resto, sin buscar atajos y plantear ataques directos o sibilinos. Si un partido político considera que una nueva ley atenta contra los derechos fundamentales descritos en la Constitución, la vía democrática es recurrir al máximo tribunal para intentar corregirlo, y no buscar triquiñuelas para saltarse las normas aprobadas por el Parlamento. Por eso, no parece legítimo burlar las normas como acaba de anunciar la Comunidad de Madrid prorrogando los acuerdos con los colegios de educación concertada antes de que el Parlamento dé el visto bueno a la nueva Ley de Educación.

Tampoco es razonable que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde hace dos años.

Pedro Sánchez y Pablo Casado se culpan mutuamente del fracaso, pero ambos son responsables de incumplir el mandato constitucional.

@JavierAyusoC