Paquete Económico 2024: ¿realmente responsable?

La tarde del 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hizo entrega al Congreso de la Unión su propuesta de Paquete Económico 2024, la cual regiría la política de ingreso y gasto para el próximo año.

Desde tal acontecer, los comentarios y críticas al documento oficial no han cesado, las razones han sido variadas y los puntos de vista entre analistas, calificadoras y funcionarios públicos han divergido.

Ciertamente, la propuesta llamó la atención en una gran magnitud al plantear un déficit público de -4.9% como porcentaje del PIB. Para contextualizar tal dato, es importante mencionar que este nivel representa el más elevado en más de tres décadas, por lo que su planteamiento no debería tomarse a la ligera.

En tal contexto, observamos que existen elementos desafortunados en la propuesta de la dependencia pública, por lo que se procederá a enlistar los potenciales riesgos, desaciertos y claroscuros que detectamos.   

Primeramente, la premura con la que el Gobierno Federal busca concluir sus proyectos prioritarios se refleja en el importante aumento del déficit público; resulta evidente que es prioridad cumplir con las promesas hechas en campaña.

Segundo, y en la misma línea, existe un elemento que nos parece altamente cuestionable: el discurso de la actual administración tenía como uno de sus pilares a la austeridad, elemento que imposibilitó a funcionarios públicos de incurrir en mayor gasto para hacer frente a una de las emergencias sanitarias más atroces que ha sacudido al mundo: la pandemia de COVID-19. En ese contexto, el gobierno mexicano decidió mantener una política fiscal tensa, a diferencia de una multitud de países tanto avanzados como emergentes que aumentaban sus déficits públicos ya que, para México, la austeridad era imperante.

Ahora, a un año de terminar el sexenio, curiosa y siniestramente se considera que los planes y proyectos prioritarios son tan extraordinarios y necesarios para la población y su bienestar que romper con la característica austeridad se ha planteado como opción.

Tercero, hay que reconocer que el nivel de déficit público per se no representa necesariamente un riesgo, sin embargo, el fin último de tales recursos sí podría generar condiciones riesgosas ya que el aumento en tal déficit se destinaría en gran medida a gasto social, financiero y de proyectos prioritarios (de los cuales no hay registros de análisis de costo/beneficio). Lo anterior resulta especialmente notable toda vez que, el próximo año, coincide con ser uno electoral y, casualmente, la Secretaría del Bienestar, encargada de otorgar las dispersiones a la población, ha recibido un aumento, en lo que va del sexenio, de poco más del 200% en su presupuesto.

Otro elemento desfavorable que podría abonar a la inestabilidad en las finanzas públicas y, por tanto, en la calificación del soberano, es el desmedido apoyo que se ha dado y, se planea seguir dando a Petróleos Mexicanos, una de las petroleras más endeudadas del mundo. Mientras no se produzca un cambio estructural en la estrategia de negocio de PEMEX, los recursos destinados a la paraestatal jamás se traducirán en un beneficio para México; seguirán siendo recursos públicos con un altísimo costo de oportunidad.

Finalmente, cabe señalar un par de puntos más sutiles, aunque igualmente importantes: el gasto público suele tener un comportamiento inercial, es decir, si se incurren en mayores déficits muy probablemente dichos niveles se perpetuarán, ya que no hay incentivos para anunciar recortes debido al costo político de llevar a cabo tal medida.

Segundo, al aplicar una política fiscal expansiva como la que se plantea (aumentar el gasto), se corre el riesgo de generar presiones inflacionarias adicionales, lo que podría desencadenar nuevos episodios de aceleración en la inflación, intensificando la labor del Banco de México y obligándolo a mantener un elevado nivel en su tasa objetivo por más tiempo del estimado.

Dado lo ya expuesto y, a pesar de la aparente responsabilidad en los supuestos macroeconómicos y el nivel de deuda propuesto, el documento oficial presenta claroscuros que no necesariamente se traducirían en bienestar para la población y sí podrían desencadenar episodios de presión para las finanzas públicas hacia adelante, por lo que resulta preponderante que el Congreso de la Unión realice un análisis robusto de tal propuesta.