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EU suspendió apoyo a batallón del Edomex por el caso Tlatlaya
A raíz de la investigación, el Batallón 102 dejó de ser considerado por el gobierno estadounidense para brindar apoyo; cinco de sus actuales integrantes han recibido capacitación en EU, aunque ninguno de éstos fue involucrado en las ejecuciones de Tlatlaya.
El gobierno estadounidense tiene serias preguntas sobre el nivel de complicidad gubernamental con los cárteles del crimen organizado, así como con la violencia expansiva de estas células delictivas, evidenciados en los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, de acuerdo con documentos desclasificados por la no gubernamental estadounidense Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés).
El documento informativo sobre el incidente en San Pedro Limón, Tlatlaya revela que el Departamento de Estado de EU suspendió el año pasado asistencia al 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, ubicada en el Estado de México. El batallón no es ahora elegible para recibir asistencia de Estados Unidos, en tanto espera los resultados de la investigación.
El Departamento de Estado confirmó a los investigadores del NSA que cinco miembros del batallón habían sido entrenados por EU, pero aclaró que ninguno de ellos está implicado en el caso Tlatlaya.
Las pesquisa realizada por investigadores del NSA con base en documentos desclasificados, mediante la Ley de Libertad de Información estadounidense, da cuenta que en particular el caso Tlatlaya es un raro ejemplo confirmado de que el gobierno estadounidense está cortando financiamiento para las fuerzas de seguridad en México.
El Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la milicia estadounidense reportó que las fosas clandestinas encontradas a raíz de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, a manos de la policía municipal en colusión con el crimen organizado, levantaban serios cuestionamientos sobre el grado de vinculación entre autoridades y crimen organizado, de acuerdo con un informe del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom, por su abreviatura en inglés).
En el reporte de trabajo de octubre del 2014 del Comando Norte obtenido por el NSA y retomado en la revista The Intercept, por la periodista Cora Currier, el ex staff de archivo del NSA, y el investigador Jesse Franzblau, el Grupo de Trabajo refiere también que el asesinato de 22 personas en una bodega en Tlatlaya, en un operativo en el que participaron elementos castrenses, plantea serias dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para proporcionar ayuda a las fuerzas militares en la región.
Si el comandante de la zona militar que supervisaba al Batallón 102 (del caso Tlatlaya) estaba implicado en una grave violación a los derechos humanos (...) toda la zona militar, más 10,000 miembros del personal, no podrían ser elegidos para recibir asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos .
Desde el 2008, el gobierno estadounidense ha derogado 3,000 millones de dólares en asistencia en seguridad para México, particularmente a través de la Iniciativa Mérida. Los investigadores refirieron que si bien el apoyo había sido suspendido para el batallón, el flujo financiero de Estados Unidos para el combate al crimen continúa, y pese a que está en constante escrutinio, el gobierno es consciente de que la ayuda se destina hacia autoridades conectadas con graves violaciones.
Una ley de 1997 presentada por el senador Patrick Leahy limita el apoyo de la Unión Americana a las fuerzas de seguridad extranjeras que se piensa están vinculadas con violaciones de los derechos humanos.
