Estado debe reparar daño de dos otomíes

Las personas que son fabricadas culpables, debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tienen un mecanismo contenido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que les otorga el derecho a exigir al menos una compensa económica por las afectaciones de dicha acción del Estado, apuntó Amnistía Internacional (AI).

Esta conclusión derivó de la decisión emitida ayer miércoles por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), sentencia favorable para las mujeres otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, en un caso donde estaba en juego la reparación del daño.

En el 2006, ambas fueron acusadas por haber secuestrado a seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) en de Querétaro y permanecieron encarceladas hasta el 2010.

El TFJFA determinó que, debido a violaciones graves al debido proceso, el Estado mexicano deberá reparar el daño, lo que incluye una indemnización financiera.

AI explicó que la reparación integral del daño en el Derecho Internacional contempla la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción e implementación de garantías de no repetición.

Ello -abundó este organismo- implica no sólo pago monetario, sino también medidas como una disculpa pública del Estado, garantizar mediante medidas provenientes desde la propia autoridad que violaciones de la misma naturaleza no se repitan e investigar y sancionar a las personas responsables de cometer tales violaciones.

Si bien la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no cumple con ello de manera integral, la determinación del TFJFA marca un hito en torno del papel que deben tener las instancias judiciales para garantizar el derecho a una indemnización, manifestó AI.

ana.langner@eleconomista.mx