Esther Orozco pide respeto a autonomía de UACM

La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Esther Orozco, confió en que el Gobierno capitalino asuma una postura de respeto a la autonomía de esa casa de estudios e indicó que se actuará en apego irrestricto a la legalidad.

En una carta abierta suscrita también por el Secretario Técnico del Tercer Consejo Universitario, Carlos Arriaga, y el Abogado General, José de Jesús Izquierdo, manifestaron su preocupación luego de que la Secretaría de Gobierno local analiza la situación que vive la UACM.

La sola idea de convalidar las actuaciones de grupos radicales, que persiguen sus fines encapuchados y armados con tubos, es una señal de alarma en una ciudad que tiene como eje político la seguridad de sus ciudadanos, además de que genera un precedente negativo para las universidades públicas, indicaron.

En la misiva dirigida a la opinión pública, destacaron que una universidad autónoma como es la UACM no tiene que esperar ni el aval ni el reconocimiento de ninguna autoridad ajena a su comunidad para ejercer la encomienda de brindar educación de calidad.

Asimismo resaltaron que la actual administración que encabeza la doctora Esther Orozco es la única, legítima y legalmente facultada para administrar esta casa de estudios y para seguir con la labor de libre cátedra y libre discusión de las ideas.

Explican además las razones por las cuales el supuesto proceso de "revocación" de la rectora Orozco se llevó a cabo mediante un proceso viciado, irregular e ilegal, por algunos integrantes de la comunidad universitaria.

En primer lugar, expresan, el Tercer Consejo Universitario se instaló de manera formal el 22 de agosto de 2012, de acuerdo con el Estatuto General Orgánico (EGO) de la UACM y ese órgano no fue notificado ni analizado el proceso de revocación alguno.

Aseguraron que el supuesto proceso de revocación que promovió el grupo de ex consejeros, pretende aplicar criterios retroactivos, contrarios a lo previsto en el Artículo 14 constitucional y en el Artículo 83 del Estatuto General Orgánico (EGO).

Un proceso de revocación, en su caso, tendría que ser votado por una mayoría calificada de dos tercios del Consejo Universitario, y este fue promovido por un grupo que representaría menos de la mitad del Consejo Universitario en funciones.

Además contraviene los acuerdos políticos firmados en la Asamblea Legislativa el 26 de noviembre de 2012, ya que no se formalizó la incorporación de los ex consejeros inconformes a dicho Consejo, porque no se logró el quórum en la reunión que se efecturía el 29 de noviembre de 2012.

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