Rezago institucional, lastre en ley vs corrupción

El sistema nacional anticorrupción tendrá que superar el lastre de que la corrupción y los rezagos institucionales no son pocos ni superficiales, dice el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

A través de un análisis sobre el tema, el CESOP consideró que tomará tiempo el adecuado funcionamiento del referido sistema y que se requerirá del interés público y privado para que la reforma constitucional aprobada ya por la Cámara de Diputados y pendiente de revisión en la Cámara de Senadores llegue a buen puerto.

El estudio refiere que tanto la Organización de las Naciones Unidas como otros organismos internacionales delimitan la corrupción a través de los agravios que conllevan ciertos comportamientos, como el soborno a funcionarios en asuntos externos o domésticos, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, peculado y la apropiación indebida de bienes por parte de servidores públicos.

En tanto, para Transparencia Internacional, la corrupción es el comportamiento de los oficiales en el sector público, sean políticos o servidores públicos, a través del cual se enriquecen de manera inapropiada o ilegal, al utilizar el poder público que les es conferido.

A manera de estandarización, cita el reporte, la OCDE considera que la definición de corrupción más utilizada en el ámbito internacional es: El abuso de entidades públicas o privadas con fines de ganancia o lucro personal .

Y precisa que no existe una definición única, ya que el debate entre países y organismos agrega factores culturales y legales imposibles de unificar, además de que no considera otros males como: nepotismo, compadrazgo, fraude, saqueo de las arcas públicas y engaño.

El análisis puntualiza que, de acuerdo con la reforma constitucional en ciernes, uno de los objetivos es mejorar de forma continua y en todos sus niveles el desempeño de la administración pública. De ahí que propone un entramado legal y administrativo que supervise de cerca la relación entre los servidores públicos y los ciudadanos.