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Política

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Un alcalde asesinado cada seis semanas

Alcaldes exigieron en el Senado de la República una estrategia integral de seguridad para evitar los asesinatos y las amenazas del crimen organizado hacia las autoridades municipales, mientras que el titular del Imco, Juan Pardinas, sugirió la desaparición de poderes en los municipios en los que se haya presentado el homicidio del edil.

Alcaldes exigieron en el Senado de la República una estrategia integral de seguridad para evitar los asesinatos y las amenazas del crimen organizado hacia las autoridades municipales, mientras que el titular del Imco, Juan Pardinas, sugirió la desaparición de poderes en los municipios en los que se haya presentado el homicidio del edil.

Ayer, durante el foro para la Construcción de una Agenda Legislativa Municipalista, los ediles pidieron mejores condiciones de seguridad, tras recordar con un minuto de silencio la muerte del munícipe de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López Mendoza.

En ese contexto, Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), comentó que en México se ha incrementado 14 veces la probabilidad de que una persona sea asesinada si ocupa el cargo de Presidente municipal, así, los ediles son los servidores públicos que corren mayor riesgo, después de los policías y los militares. Declaró que en los últimos cuatro años, en promedio, hay un Presidente municipal asesinado cada seis semanas y media, por lo que propuso una estrategia integral de seguridad.

Sugirió que de registrar el homicidio de un alcalde, el Congreso estatal desaparezca los poderes del ayuntamiento y sus nuevos integrantes se encarguen de cumplir el mandato hasta las elecciones próximas, para que las bandas delictivas no sepan quién será el sucesor y no tomen control político .

Además, aplicar control inmediato a los elementos policíacos, incluido el Secretario de Seguridad Pública local a través de una cédula de identidad única, con datos biométricos y ADN. Que la Policía Federal y Ejército establezcan retenes en las carreteras de acceso del municipio, durante los tres meses posteriores al asesinato.

La estrategia que pidió incluye que todos los asesinatos sean considerados del fuero federal, pero con corresponsabilidad local y que la PGR cree una unidad especial de investigación que reporte avances de las pesquisas cada seis meses.

tania.rosas@eleconomista.mx

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