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Hijo de expresidente de Panamá se declara culpable de lavado de dinero en caso Odebrecht
Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli y de 39 años de edad, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 15 de noviembre.
Foto: Reuters.
Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se declaró culpable ante un tribunal neoyorquino de conspiración para lavar dinero por su papel en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, anunció la fiscalía.
En la audiencia admitió que había conspirado junto a su hermano Ricardo y otros para "abrir cuentas bancarias en paraísos fiscales en nombre de empresas fantasma para recibir y ocultar más de 28 millones de dólares de sobornos" de Odebrecht, aseguró el tribunal.
El objetivo principal era "beneficiar a un familiar cercano, un funcionario de alto rango en Panamá".
Martinelli reconoció que parte de esos fondos los utilizó para comprar un yate y una propiedad inmobiliaria en Estados Unidos.
La sentencia está prevista para el 20 de mayo de 2022.
La declaración de culpabilidad acortará la condena del hijo del expresidente panameño.
Luis Enrique Martinelli, de 39 años, fue extraditado a Estados Unidos el pasado 15 de noviembre.
Se lo acusa de recibir fondos de Odeberechet junto a su hermano Ricardo Alberto (42), que permanece en Guatemala a la espera de ser extraditado a Nueva York.
Parte de ese dinero transitó por cuentas estadounidenses antes de acabar en otras, principalmente en Suiza.
Los hermanos Martinelli fueron detenidos el 6 de julio de 2020 en el aeropuerto internacional de Guatemala cuando intentaban viajar a Panamá.
La extradición de Luis Enrique fue aprobada por un tribunal guatemalteco en mayo pasado y la de su hermano a principios de noviembre.
Panamá también los reclama por un escándalo de corrupción igualmente relacionado con sobornos a cambio de obras, conocido como "Blue Apple".
El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante el tribunal federal de Broklyn de haber distribuido más de 700 millones de dólares en sobornos a gobernantes, funcionarios públicos y partidos políticos latinoamericanos para conseguir y retener obras de infraestructura.
