Juicio indígena en Venezuela por caso de asalto a un cuartel militar en 2019

Doce indígenas acusados en Venezuela por el asalto a un cuartel militar en 2019 fueron sancionados con seis meses de trabajo gratuito para su comunidad en un inédito juicio de la etnia pemón, de la que forman parte, informó este viernes la defensa.

Las leyes venezolanas dan a los pueblos indígenas potestad de enjuiciar a los suyos en "consejo de ancianos", según sus costumbres, pero los tribunales comunes deben avalar sus decisiones.

Los acusados por el ataque a un cuartel en Gran Sabana, estado Bolívar, que dejó un militar muerto, estuvieron presos entre diciembre de 2019 y febrero de 2021, cuando se les excarceló bajo la condición de ser juzgados por su pares en su comunidad, Kumarakapay, remota población de 1,500 habitantes -la mayoría pemones- cercana a la frontera de Venezuela con Brasil.

"Se les oyó y se les sancionó (...). El tribunal (de la justicia formal que lleva el caso) tiene que homologar ahora la decisión y cerrar la causa", dijo a la AFP Olnar Ortiz, uno de los abogados de los acusados y activista indígena de la ONG de derechos humanos Foro Penal.

Ortiz explicó que Fiacencio Fernández, Lisandro González, Carlos Fernández, Julio Delgado, Carlos García, Ronny Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amílcan Pérez, Frederick Fernández, Frank Fernández, Willy Martínez y Pantaleón Jóvito Mesía fueron sancionados con seis meses de trabajo comunitario sin remuneración.

Se les rapó el cabello como "señal de que cometieron un error" y sus familias tendrán que "velar por ellos", agregó.

Inicialmente fueron arrestados trece pemones, imputados por la justicia común por "conspiración" y "terrorismo", entre otros cargos, delitos que no están bajo jurisdicción de la justicia especial indígena.

Uno, Salvador Franco, murió el 3 de enero de 2021 en prisión, a los 44 años, entre denuncias de desnutrición y falta de atención médica.

Ortiz sostiene que todos fueron víctimas de torturas.

Kumarakapay vivió violentos disturbios en febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó -reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, sin desplazar del poder al presidente socialista Nicolás Maduro- encabezó un fallido intento de pasar por las fronteras alimentos y medicinas donados por sus aliados internacionales.

Estos incidentes, tildados de "masacre" por organizaciones humanitarias, se saldaron con ocho muertos, cinco de ellos pemones, y decenas de heridos por armas de fuego.