Antiinflacionarios versión 2.0

Una inflación que ya casi alcanza el 9% obliga a tomar medidas que, si bien emergentes, no necesariamente representan la eficiencia inmediata que se busca para poder paliar el desgaste económico que reciben los mexicanos; subrayadamente aquellos que se encuentran en condiciones de precariedad. Es por ello que, si algo que ya ha sido implementado no ha arrojado los resultados prometidos, resulta ocioso insistir en una nueva versión de un plan que ya encontró una primera versión en mayo pasado. Pero la narrativa de apoyo incondicional al pueblo es la constante a destacar, aún cuando el país se encuentra en una espiral sumamente complicada que, no podría contener los efectos de la inflación por mandato o por pacto con algunos pocos que intervienen en las cadenas de comercio de distintos alimentos.

El relanzamiento de este programa, aún con la novedad de esa concesión de la licencia universal para los empresarios firmantes, no representa una novedad útil para la economía mexicana. Tan solo habría que analizar los resultados que, desde mayo, se han obtenido como resultado de la implementación del plan para combatir el alza de precios. Hasta este recientemente finalizado septiembre, precios de productos de consumo básico y habitual continúan incrementando. El maíz ha incrementado en un 3%, lo que a su vez empuja que, desde mayo, la tortilla ha elevado su valor en el mercado en un promedio de 1.8 por ciento. Otros productos agropecuarios por igual experimentan incrementos significativos; la cebolla ahora cuesta 4.3% más que en mayo y el jitomate 5.5 por ciento. Por ello, parecería que el círculo de contención ha sido incompleto, incluso con las medidas fiscales de refuerzo como el mantener el subsidio a las gasolinas que, de marzo a la fecha, representa una erogación para el estado del orden de los 300,000 millones de pesos.

Hoy, el programa de emergencia pretende aportar una nueva posibilidad que, si bien podría ser un aliciente adicional para menguar estos perniciosos efectos, por igual apareja riesgos sobre los cuales se deberá tener las previsiones necesarias. El otorgamiento de una licencia universal que bordea los requerimientos fiscales y sanitarios para la importación, transporte y distribución de alimentos, es una acción aventurada y de consecuencias aún borrosas. En primer término, ¿qué es lo que puede significar que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria no intervenga en este proceso especial? La respuesta lógica es que un relajamiento en los requisitos de sanidad agropecuaria, pueden detonar enfermedades o plagas que se podrían estacionar en territorio nacional por décadas. Por otra parte, ya en un plano meramente comercial y jurídico, existen medidas de protección dentro de este nuevo pacto, que pueden poner un punto de tensión en nuestra relación vía T-MEC. La reducción unilateral de exportaciones de maíz y frijol, sin duda es un ejemplo de ello.

Y finalmente, no es con grandes empresas como se alivian realidades para quienes compran en tianguis y micro mercados. Aún falta mucho… mucho en verdad.

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