Compensación vitalicia

Normalistas, madres de estudiantes, madres buscadoras, promotoras de la legalización del aborto, exbraceros, deudores de energía eléctrica, jubilados, pensionados… A pesar de las vallas, las protestas de distintas agrupaciones sociales —que no necesariamente participan en Sí por México— han llegado al Zócalo capitalino y al Palacio de Covián.

La economía y la inseguridad son los temas que visibilizan las encuestas, pero los movimientos sociales trascienden a la Cuarta Transformación y comprometen la gobernabilidad del país, más allá de la sucesión adelantada.

La solución a esa problemática es de alto contraste. Allí están, por ejemplo, las negociaciones con los extrabajadores de Mexicana de Aviación y de Interjet, por un lado, y el tratamiento a los electricistas afiliados al SME, que, a 13 años de su liquidación por la administración calderonista, se mantienen en pie de lucha.

Hace un mes, el Ejecutivo federal anunció la implementación de un sistema de “compensación vitalicia por justicia social” para los extrabajadores de la extinta empresa, en el que participarán Hacienda, Trabajo, SFP y Segob, además del Indep, como instancia ejecutora y normativa del sistema.

El periodo de incorporación inició el pasado 8 de septiembre y cerrará en febrero del 2023.

La nacionalización de la industria eléctrica era la bandera, a principios de este año, y al igual que hizo con el magisterio, el gobierno federal tendió la mano al gremio vilipendiado por las administraciones panistas.

Con los electricistas afiliados al sindicato de Martín Esparza, el gobierno peñista fue displicente. De hecho, a través de Agroasemex —en un esquema financiero que debe ser revisado minuciosamente— cubrió las liquidaciones que aceptaron los obreros despedidos.

La Cuarta Transformación, empero, ha buscado reparar el daño causado en el 2009 por la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Esparza insiste en la inclusión de trabajadores de renta vitalicia y aquellos que hayan accedido a la pensión del IMSS-ISSSTE, la reinserción laboral en la CFE, la continuación en su ruta por recuperar su materia y zonas de trabajo, y la exención de pago de impuesto mediante un crédito fiscal a las percepciones derivadas del sistema.

Efectos secundarios

POSTULACIÓN. Hace tres años, Argentina y México fueron separados en el proceso para renovar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno de aquella nación austral quiso llevar mano en la sustitución del colombiano Luis Alberto Moreno, con un candidato de lujo: el economista Gustavo Beliz, quien eclipsaba al excandidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, quien entonces consultó con sus cercanos y trató de conseguir el respaldo de la administración entrante. En esos cabildeos tuvo diálogo constante con la entonces directora de la Cepal, Alicia Bárcena, quien ayer fue destapada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como su carta, para asumir ese cargo.

GIRADAS. La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, en Taskent. La comisionada Norma Julieta del Río Venegas, en Madrid. Superada la pandemia —y la austeridad republicana—, el Pleno del INAI emula a sus antecesores… ¿y la plataforma de Viajes Claros?

RELEVOS. Por el escritorio de Thalía Lagunas Aragón han pasado sendas renuncias de titulares de unidades de administración y finanzas de dos secretarías de Estado: Víctor Martínez Bolaños salió de Sedatu para irse al Indaabin en lugar de Mauricio Márquez Corona, quien ahora es integrante de la Junta de Gobierno del Inegi. La vacante fue ocupada por Armando Zazueta, exdelegado de los programas federales en Jalisco.