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Opinión

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Justicia Energética y Climática

Los 190 países que asistieron este año a la cumbre climática COP27 en Egipto acordaron crear un nuevo fondo para compensar a los países en desarrollo por las pérdidas y daños asociados con el cambio climático. Los detalles del nuevo fondo de "pérdidas y daños" deben resolverse, pero este es un paso significativo hacia la justicia climática entre los países.

Si funciona, el nuevo fondo brindará apoyo de emergencia de los países ricos a los países que sufren daños climáticos del tipo que sufrió Pakistán recientemente. Una tercera parte del país quedó sumergida en inundaciones, dejando a millones de personas sin hogar ni medios de subsistencia. Este es el tipo de catástrofe que ninguna cantidad realista de medidas de adaptación climática puede prevenir y este nuevo fondo debe de apoyar.

Este fondo de "pérdidas y daños" es distinto de los 100,000 millones de dólares por año que las economías avanzadas prometieron en la COP15 en 2009 para los países en desarrollo para apoyar la mitigación y adaptación climática. Los recursos prometidos en la COP15 y ahora en la COP27 son pasos hacia la justicia climática, pero se requieren más acciones. Para empezar, la COP27 no logró un progreso adecuado en los compromisos por parte de las naciones para reducir las emisiones a una velocidad que sea consistente con la restricción de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados.

El costo de este fracaso será enorme y se concentra en los más vulnerables: los pequeños estados insulares quedarán sumergidos, las regiones de África serán canibalizadas por el desierto y habrá muchas más víctimas de los fenómenos meteorológicos extremos. Los recursos económicos prometidos se volverán insignificantes si el daño climático no se logra desacelerar.

Además, la justicia climática se extiende a cuestiones que van más allá de los flujos financieros transfronterizos. Según una investigación de la Universidad de Yale, el mundo produce alrededor de cuatro veces la energía que se requiere para proporcionar un nivel de vida decente para cada persona. Dicho de otra manera, solo necesitamos alrededor de una cuarta parte de la producción de energía actual para satisfacer las necesidades básicas de cada individuo y, de hecho, las personas que menos energía consumen y, por lo tanto, que no son responsables del cambio climático, tienen más probabilidades de sufrir las consecuencias.

Esta brecha entre la energía requerida y la producida varía entre países y regiones. El tamaño de la brecha depende de la capacidad de producción de energía y la fuente de esa energía, pero también de una estimación de la energía que se requiere para la vida básica que variará de un país a otro. Por ejemplo, una persona que vive en condiciones de frío o calor extremo requerirá energía adicional para calefacción o refrigeración en comparación con las personas que viven en climas más templados.

Los cálculos de las necesidades básicas también permiten el transporte necesario para el trabajo, la escuela y otras actividades. En este caso, lo que importa es la infraestructura. Por ejemplo, el transporte público es popular en países como Japón, que tienen una buena infraestructura de transporte público, y menos en América del Norte, donde la gente tiene que depender del transporte privado. Las necesidades energéticas para el transporte serán menores en regiones con infraestructura de transporte público. Lo llamativo de esta investigación es que la desigualdad en el uso de la energía está presente en todos los países del mundo y, por lo tanto, es responsabilidad de los gobiernos nacionales y locales abordar la injusticia climática desde una perspectiva energética.

Lucía Buenrostro es Maestra en Economía por El Colegio de México y Maestra en Matemáticas y Finanzas por el Imperial College (Reino Unido). Es Doctora en Economía por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Ha desempeñado labores de docencia e investigación en la UNAM, en la Universidad de Warwick y en la Universidad de Oxford. Cuenta con una amplia y sólida trayectoria en el sistema financiero internacional donde laboró por casi 15 años en Londres como responsable de áreas de administración de riesgos en la banca de inversión.

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