La reforma fiscal que México necesita

Desde hace décadas, diferentes actores se han manifestado a favor de una reforma fiscal integral para México. A pesar de ello, varias administraciones han dejado en el olvido el cúmulo de propuestas que han realizado organismos internacionales, académicos, exfuncionarios, entre otros. Las razones para postergarla son diversas y algunas se asocian a factores como el desempeño de la economía, las perspectivas macroeconómicas, el entorno internacional, entre otros. Sin embargo, la realidad es que uno de los elementos más poderosos para aplazar esta decisión es el factor político.

Nadie quiere que suban los impuestos (ni las personas físicas, ni las empresas), y esto es así en México y en cualquier otra parte del mundo. La diferencia radica en que en algunos países los beneficios derivados del pago de impuestos son tangibles (por ejemplo, en servicios de salud, educación y seguridad). En otros, estos beneficios son poco visibles e incluso existe la percepción de que una parte de los ingresos se destina a alimentar la corrupción. En este sentido, el aumento de los gravámenes suele traducirse en descontento por parte de la ciudadanía y en enojo hacia la clase política. Por esta razón, las aspiraciones de los políticos e intereses partidistas llevan a los gobiernos a agotar prácticamente cualquier opción, antes de aumentar impuestos.

En México, esta inercia parece haber llegado a su límite. El gobierno en turno ha agotado la mayoría de los fondos y reservas de las que hubiera podido echar mano para financiar el gasto, el cual incluye las grandes obras de infraestructura y el financiamiento de los programas sociales insignia del presidente López Obrador. De esta forma, resulta muy complicado que la siguiente administración salga a flote sin realizar una reforma fiscal de fondo. El objetivo no podría ser tan ambicioso como alcanzar los niveles de recaudación de otras naciones pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pues la diferencia incluso con el promedio de estos países es sustancial (alrededor de 15 puntos porcentuales). Una meta más real consistiría en aumentar dichos recursos a un nivel en el que se pudiera financiar adecuadamente las necesidades de gasto, sin necesidad de seguir adelgazando desmedida y erráticamente el presupuesto para la operación gubernamental, o incluso recurriendo a un aumento de la deuda.

Las medidas en materia fiscal que se han discutido al pasar de los años son cuantiosas. No obstante, la elección de éstas dependerá de los fines específicos que el gobierno busque alcanzar. Algunos de los objetivos más comunes en este tipo de planteamientos son: aumentar la recaudación, mejorar el cobro y administración de los impuestos, mayor progresividad del esquema tributario, reducir la desigualdad, combatir la evasión, aumentar la competitividad, incrementar las potestades en el ámbito subnacional, entre otras. En función de los fines seleccionados, se eligen las medidas que puedan arrojar los mejores resultados.

Algunas de las propuestas planteadas llevan ya varios años en el tintero, como la eliminación de la tasa cero en alimentos y medicinas. Otras buscan incrementar y mejorar la recaudación del impuesto predial, así como eliminar el subsidio a las gasolinas y las renuncias recaudatorias poco eficientes. No obstante, con el paso de los años han surgido otras propuestas, por ejemplo, para crear impuestos a la riqueza (como lo hacen Francia, Noruega, España, Argentina y Colombia) o impuestos a las herencias (Alemania, Corea, Reino Unido, Brasil, Chile y Ecuador). Asimismo, algunas naciones han integrado a sus estructuras el impuesto a los obsequios, como Estados Unidos, Alemania, Grecia, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, entre otros.

Lo que sobran son opciones, sin embargo, en México se requiere adoptar medidas que atiendan los diferentes problemas que tenemos en el país, dejando a un lado la politización del proyecto fiscal. Necesitamos medidas que sean responsables en un sentido económico, pero también social. La pandemia ha dejado a la mayoría de las naciones con altas tasas de interés, aumento de deuda, bajo crecimiento económico, mayor pobreza y desigualdad. En este sentido, la reforma que pudo haber sido adecuada hace diez o cinco años, probablemente ya no lo es. Una reforma bien diseñada debería también considerar las posibles crisis futuras en materia sanitaria, climática y social, por mencionar algunas. No obstante, ello requiere un liderazgo cuya visión trascienda a más de una administración, lo cual no es muy común hallar en la clase política mexicana.

Urgen las propuestas que lleven a finanzas públicas más sanas y sostenibles. Estas deben ser, ante todo, técnicas y ayudar a sanar a la economía mexicana y las carencias de quienes menos tienen. Esta nación lleva décadas tolerando saqueos y proyectos personales caprichosos. Para que una reforma fiscal integral sea exitosa, no solo se debe hacer acompañar de mejores mecanismos redistributivos, también se requiere transparencia y una rendición de cuentas clara respecto al destino de los recursos. La credibilidad será fundamental, pues hay poco espacio para incrementar los impuestos a cambio de una supuesta compensación vía gasto. Actualmente la confianza está en niveles bajos y las y los mexicanos estamos poco dispuestos a sacar más dinero de nuestras bolsas a cambio de nada.