Revitalizar la democracia estadounidense, donde importa

BERKELEY – La democracia representativa estadounidense se ha vuelto cada vez más frágil en el nivel federal. Con una Corte Suprema capturada por una mayoría conservadora radical y un Congreso presa de profundas divisiones políticas, manipulación de distritos electorales y reglas de procedimientos arbitrarias, ninguno de estos poderes representa los intereses de la mayoría, especialmente en temas como el derecho al aborto, los salarios mínimos, el control de las armas de fuego y el sistema electoral.

Afortunadamente, los ciudadanos todavía pueden impulsar cambios desde la base social mediante las elecciones, y también a través de iniciativas y medidas para someter al voto local. El año pasado dio razones para el optimismo: además de los sorprendentes resultados de las elecciones parlamentarias de mitad del período presidencial y las votaciones locales y estatales, se aprobaron medidas de voto local en torno a temas sobre los que la mayor parte de los estadounidenses están de acuerdo.

Estados Unidos tiene una larga historia de ciudadanos implicados que impulsan la acción directa a través de los poderes que les confiere la Décima Enmienda a la Constitución. Y hoy, tanto los votantes como grupos progresistas de todo el país están continuando esta tradición, abordando asuntos clave que están siendo ignorados o revertidos en el nivel federal.

El alcance potencial para iniciativas de este tipo es enorme. Dos tercios de los ciudadanos estadounidenses pueden utilizar herramientas de democracia directa como las propuestas de ley sometidas al voto local, gracias a las medidas implementadas durante la “era progresista” de principios del siglo veinte. Si bien los requisitos para que una iniciativa se someta a voto varían de manera importante de un estado a otro (hace poco Arizona hizo el proceso más difícil, y Florida está intentando imitarlo), los costos de hacerlo palidecen si se comparan con la típica carrera electoral para el Senado. Por lo general, el mayor gasto es el despliegue pagado de personas encargadas de la recogida de firmas. Pero en 2022, los votantes de Michigan aprobaron una medida de derechos reproductivos en tiempo récord mediante una campaña de voluntarios bien organizada.

Más aún, en la mayoría de los estados (excluyendo a California), los nombres e información de contacto reunidos en este proceso se pueden usar para ir desarrollando una base de partidarios para futuras iniciativas de movilización. Además, las nuevas plataformas tecnológicas están ayudando a reducir los costes y ampliar el alcance. Recientemente, Boulder, Colorado, anunció un proceso para la votación de iniciativas a través de un sistema de peticiones en línea, en lo que quizás sea una señal de la próxima fase de la democracia directa en EU.

Las propuestas de ley locales que apoyaron los derechos al aborto, el control de las armas de fuego y la subida de los salarios mínimos fueron las claras ganadoras del ciclo electoral de 2022. La mayor parte de los estadounidenses (al menos el 60%) piensa que el aborto debe ser legal en “todos o la mayoría de los casos”, y este apoyo fue evidente en los resultados recientes de estas propuestas tras la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe v. Wade. En cada estado en que la gente tuvo la oportunidad de votar sobre el derecho al aborto -incluidos los estados rojos (de mayoría republicana)-, los votantes optaron por protegerlo.

Si bien grupos antiabortistas propusieron medidas para restringir los derechos reproductivos en votaciones locales en los estados de Kansas, Kentucky y Montana, esos intentos fracasaron en todos los casos. Al mismo tiempo, los votantes de California, Vermont y Michigan aprobaron iniciativas para consagrar el derecho al aborto en sus constituciones estatales. De los 17 estados que permiten que sus votantes inicien directamente el voto sobre propuestas locales, en la actualidad diez todavía cuentan con restricciones al aborto o directamente lo prohíben. En consecuencia, hay en curso una movilización para someter el derecho al aborto al voto local en 2024 en estas jurisdicciones. En los estados en que los legisladores antiabortistas controlan las palancas del poder, las iniciativas de este tipo ofrecen la mejor y más inmediata esperanza de protección de los derechos reproductivos.

En los últimos tiempos también ha habido éxitos con propuestas de voto local en torno a la justicia económica y social, gracias al trabajo del Proyecto Fairness. Fundado en 2015 por el sindicato SEIU-United Healthcare Workers West, el proyecto ha ganado 31 de 33 propuestas locales (alcanzando a 18 millones de personas) para elevar salarios, detener los abusos de los prestamistas oportunistas, ampliar el acceso a la atención de salud y lograr más tiempo de licencias pagadas, entre otras medidas que afectan profundamente la calidad de vida. Si bien el énfasis inicial de la organización estaba en medidas de aumento salarial en los estados de Maine, California y Washington, desde entonces ha repetido estos éxitos en estados púrpura como Michigan, e incluso en estados de color rojo como Arizona y Missouri. En su conjunto, estas medidas han canalizado 22,000 millones de dólares a algunos de los estadounidenses más vulnerables, una suma mucho mayor que la de todas las negociaciones sindicales por aumentos salariales combinadas.

El Proyecto Fairness también ha impulsado medidas para ampliar el Medicaid y las licencias por enfermedad pagadas en varios estados, incluidos algunos profundamente republicanos como Idaho, Nebraska, Utah, Oklahoma y Dakota del Sur, a menudo ganando votaciones locales con más de un 60% de aprobación. Cerca de un millón de residentes adicionales de estos estados cuenta con atención sanitaria gracias a estas iniciativas. Y, de modo más reciente, el Proyecto ha ayudado a aprobar medidas que limitan el abuso en los préstamos en el día de pago en Arizona, Colorado y Nebraska, instituyen reformas a las policías en Austin, Texas, Cleveland, Ohio, y el Condado de Los Ángeles, y protegen el derecho al aborto en Michigan y Vermont.

En cada uno de estos casos, la estrategia consistió en centrarse en problemas que han quedado atascados en el proceso legislativo a pesar de contar con un enorme apoyo bipartidista entre los votantes. Y todos los éxitos recientes del Proyecto Fairness se lograron con un presupuesto anual de menos de 10 millones de dólares

Mirando hacia el futuro, el ciclo electoral de 2024 podría ser revolucionario por el uso de medidas de votación local para proteger la democracia y superar los atascos parlamentarios. Una gran mayoría de los estadounidenses apoya el tipo de políticas progresistas que están siendo obstruidas por legislaturas que no los representan. No hay duda de que en muchos más estados se presentarán iniciativas de voto local sobre problemas económicos básicos, derechos civiles y derechos sanitarios y reproductivos.

De manera similar, las reformas para fortalecer los procesos democráticos -desde el uso del voto preferencial alineado en listas en Maine y Alaska a los bonos (vouchers) de campaña en Oakland, California- están ganando ritmo y apoyo, y ya se están entablando conversaciones para abordar el cambio climático, tras los éxitos recientes logrados en California.

Todo esto refleja un creciente reconocimiento de que el voto local es una herramienta efectiva y relativamente barata, pero subutilizada. Imaginemos cuántos estados podrían haber aprobado reformas significativas en 2022 si los más de 100 millones de dólares recaudados en la carrera para la gobernatura de Texas se hubieran destinado a iniciativas sometidas al voto local y popular. Ahora pensemos lo que habría ocurrido si estas iniciativas se hubieran coordinado y financiado de buena manera entre distintos estados, entre ellos algunos “oscilantes” como Ohio, Michigan y Florida.

Los votantes se sienten frustrados -con razón- por la falta de avances en el Congreso y es improbable que eso cambie en un futuro próximo. Pero si la historia puede servir de guía, el electorado tendrá la última palabra. En 2024 habrá varias elecciones importantes, pero ya no serán el único foco de atención. Los estadounidenses tienen una gran oportunidad de usar su derecho garantizado por la Décima Enmienda para hacer efectivas medidas progresistas populares de manera directa.

*Laura Tyson fue presidenta del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de EU en la administración Clinton y es profesora en la Escuela Haas de Negocios de la Universidad de California, Berkeley, además de miembro del Consejo de Asesores de Angeleno Group y Lenny Mendonca, socio emérito sénior de McKinsey & Company, fue jefe de asesores económicos y de negocios del gobernador de California Gavin Newsom y director de la Autoridad del Tren de Alta Velocidad de California.