Lectura 4:00 min
Riesgoso boquete sanitario
El gobierno mexicano abrió un riesgoso boquete sanitario a la eficiente barrera de protección que construyó a lo largo de muchos años y que le ha permitido evitar plagas y enfermedades y, que la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, sean competitivas.
Lo hizo con el propósito de conseguir un objetivo ambicioso e inasible: reducir el nivel de precios de la canasta básica en el país.
La fórmula oficial prevé que con la eliminación de “trabas burocráticas” a la importación, los comercializadores traerán los productos de la canasta básica con precios más bajos y podrán ofrecerlos a los consumidores en mejores condiciones.
¿Qué está en riesgo? Está en riesgo la protección y la seguridad alimentaria de México.
¿Por qué se pone en riesgo? Porque se concede –como no lo hacen ni los gobiernos más neoliberales– a los empresarios importadores, la autorregulación, en materia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria.
Es decir, serán los propios importadores los responsables de que no lleguen a México plagas y enfermedades, salvo que los propios empresarios decidan solicitar que la Senasica los supervise como lo hace hasta ahora.
Antier (19 de octubre del 2022) se publicó el decreto por el que se crea la Licencia Universal para exentar del pago de aranceles y de la regulación fitosanitaria y zoosanitaria, los productos de la canasta básica que importen las empresas que se den de alta en un padrón de proveedores/importadores. Entró en vigor a partir de ayer y sólo hasta el 28 de febrero del próximo año.
Con esto México entra en terreno resbaladizo en materia de inocuidad alimentaria, con el propósito de ayudar a reducir la inflación en México.
Sin embargo, al final, el gobierno mexicano acotó la exención arancelaria y sanitaria.
Sólo será para aquellos importadores que se registren en el padrón, que tengan antecedentes y experiencia en la importación de los productos. Y por un tiempo limitado.
Previamente, la Senasica y Cofepris fueron objeto del descrédito presidencial. El menor de los calificativos que les hizo el jefe del Ejecutivo, es que son burocráticas.
En la urgencia por tomar medidas que, desde el cálculo gubernamental, incidirán en la reducción de la inflación, se pone en vigor esta exención arancelaria y sanitaria.
Senasica protege al sector agropecuario nacional.
Hay que recordar que México es la décima potencia mundial productora de alimentos y la séptima exportadora con más de 45,000 millones de dólares en ventas.
El valor de la producción agropecuaria y pesquera es de 1 billón 199,371 millones de pesos.
Con mucho trabajo, esfuerzo y capacitación del capital humano, Senasica se ha colocado como una autoridad de reconocimiento internacional.
¿Qué riesgos implica esta nueva política? Básicamente 3.
1.- Pone en riesgo la salud de las familias, la sanidad de la tierra nacional, sus plantas y animales porque las empresas no tienen experiencia ni infraestructura para vigilar el cerco fitozoosanitario.
2.- Afecta a la producción agroalimentaria nacional.
3.- La pérdida de confianza en el sistema fitozoosanitario por parte de los socios comerciales de México, pone en riesgo las exportaciones agropecuarias y, podría derivar en litigios por la posible violación de los tratados comerciales.
A pesar de todas estas advertencias realizadas por los representantes del sector agropecuario, la Licencia Universal ya es una realidad.
Y ¿qué dice el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos?
El funcionario asegura que la Licencia Universal es temporal, limitada y no significa que la dependencia que él encabeza abandone su responsabilidad de proteger la sanidad agropecuaria y la salud de la población.
Villalobos compareció ayer ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República y ahí frente a las inquietudes por las medidas que incluye el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía y que entraron en vigor ayer en virtud del decreto, descartó riesgos en la importación de alimentos.
Ojalá que así sea. Pero lo cierto es que hubiera sido menos riesgoso y más efectivo que se vigile y sancione a intermediarios y cadenas comerciales que ofrecen precios de venta hasta 3.8 veces más altos que los precios que pagan al productor. ¿O no?
