“Sin seguridad, no habrá 4T”

“Sin seguridad no habrá 4T”, así, hace tres años, el presidente López Obrador aseguraba que la prioridad de su gobierno sería acabar con la inseguridad y la corrupción. Han pasado los meses, los años, y la realidad es otra. A marzo del 2022, los aumentos de los niveles de violencia y la incapacidad que se evidencia por parte de las autoridades locales, estatales y federales en algunos estados y municipios para hacer frente a la criminalidad es innegable. Lugares como Zacatecas, Michoacán, sólo por retomar eventos de esta última semana, son ejemplos de una incapacidad estratégica —política, y de seguridad— para hacer frente a la criminalidad en el país.

Más allá de una militarización, despliegue de fuerzas federales, guardia nacional, que han sido los recursos vitales que desde la federación, estados y municipios se han enfocado en implementar, la violencia municipal y regional supera en reacción y afectación a las localidades, sin que las autoridades puedan imponer orden y contener las acciones delictivas. Entre desplazamientos forzados, destrucción de equipos de vigilancia, destrucción de accesos carreteros, y masacres, se transita constantemente en un ambiente de creciente inseguridad y riesgo.

El último evento que se suma a una cadena continua de muerte y sangre, la masacre de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos en Michoacán, es en efecto el síntoma de que la violencia en el país, preexiste sobre la política en materia de seguridad que evidencia su falta de inoperancia y la impunidad que la arropa, porque nos guste o no, el crimen opera a sus anchas cuando quiere y como quiere, sin que alguna autoridad se lo impida y se responsabilice de sus fallas. Aquí nadie asume nada. Incluso plantear como argumento que no estaban los cuerpos como evidencia, la limpieza de la zona y los restos encontrados deja mucho que pensar. ¿Entonces cómo pensar Ayotzinapa?, ¿Qué pasa con los desaparecidos?, ¿Los delitos se persiguen distinto cuando los hechos de violencia son evidentes?

La masacre de San José de Gracia —más allá de las versiones o vueltas que se le pretenda dar al hecho, a partir de conflictos internos entre grupos o venganzas particulares entre delincuentes, cuerpos o no cuerpos— implica que en el país se mata porque se puede, pero no solo eso, a su vez, evidencia la incapacidad de las autoridades para hacer frente a un fenómeno criminal que de facto impone y ha impuesto sus reglas de operación desde hace varios años, sin que haya consecuencias por esto. San José de Gracia como otros tantos eventos, no solo nos recuerda la continua lógica criminal de grupos que controlan comunidades —fotografía que se replica en otras regiones del país—, sino el espacio de impunidad en el cual pueden darse estas licencias. Este lamentable hecho, solo se suma a otros tantos, que se arbitran en la tribuna pública sin tener resultados de facto. ¿Qué mas tendrá que pasar y por cuánto tiempo?

Algo pasa en las lógicas delictivas de este país que las autoridades no quieren o pueden reconocer. Los nombres de las organizaciones delictivas son lo menos importante, pero sus estructuras de organización si lo son, esto implica pensar que quizá la forma en la cual se piensa el fenómeno criminal por los tomadores de decisiones ya no sea la que se acostumbraba a mirar, y ahora la reorganización de fuerzas este en esos microterritorios que son más útiles y funcionales para desarrollar sus controles y negocios ilegales… ¿No será tiempo ya de pensarlo y ejecutarlo distinto? ¿No será momento de asumir la responsabilidad de lo que no funciona y tomar cartas en el asunto?