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Buscan precisar gasto en comunicación social
Los integrantes de la Cámara de Senadores modificarían 59 artículos de las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
La Cámara de Senadores respalda los cambios a la minuta que reforma la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), aunque por razones de “técnica legislativa” modificará 59 artículos de ambas normas.
De ser aprobadas hoy en comisiones las enmiendas sugeridas, y mañana por el pleno cameral, el decreto correspondiente será devuelto a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.
“Estas Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, consideran viables y oportunas las modificaciones legales contenidas en la minuta en estudio, cuyo propósito es salvaguardar el derecho de expresión de los servidores públicos, el derecho humano de la ciudadanía a la información sobre la actuación pública y la rendición de cuentas, a través de la propaganda gubernamental, constituida por aquella que los Entes Públicos contraten en los medios de comunicación masiva”, cita el proyecto de dictamen.
“Redacción imprecisa”
Las modificaciones a realizarse en la redacción de los artículos, se aclara, obedecen a “que su redacción actual resulta imprecisa y en ocasiones ambigua al no reflejar con claridad y precisión lo que en realidad se está reformando, adicionando o derogando”.
Los senadores modificarán el artículo 26 de la LGCS para “hacerlo coincidente con los principios, criterios y reglas establecidas en el cuerpo normativo”.
Dicho artículo precisará que en las entidades federativas el límite de gasto que se haga en Comunicación Social no debe rebasar el 0.1% del Presupuesto de Egresos anual correspondiente; a nivel federal se autoriza el mismo porcentaje.
Desde la perspectiva de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, es “atinado y pertinente” que se haya retomado el concepto de propaganda gubernamental establecido por el Congreso de la Unión en el Decreto por el que se interpreta el alcance del mismo y el principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley Federal de Revocación de Mandato “toda vez que el mismo le da claridad, exactitud y precisión a su significación legal”.
Además de que: “La claridad en dicho concepto contribuye a evitar futuras interpretaciones que afecten y vulneren la libertad de expresión de las personas servidoras públicas y al mismo tiempo permitirá hacer efectivo el derecho humano de las personas a la información sobre la actuación pública”.
Los cambios precisan que el objetivo de la LGCS es “garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación y rendición de cuentas de los Entes Públicos, a través de la Propaganda gubernamental”.
