Ciudadanos y expertos alertan a la SFP sobre los retos para una Ley General de Alertadores de la Corrupción

Al alistar un proyecto de Ley General de Alertadores de la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) busca establecer un marco normativo para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a alertar hechos graves de corrupción, a través de medidas que obligue a todos los Poderes de la Unión a proteger y reparar los daños y perjuicios por este ilícito.

Durante el conversatorio “Hacia la construcción de una propuesta de ley para otorgar certeza jurídica a personas alertadoras de la corrupción”, se dijo que la iniciativa propone mecanismos seguros para que las alertas sean anónimas y con ello la ciudadanía se anime a participar en este ejercicio, además de institucionalizar un mínimo de derechos que obligue a los gobiernos a garantizar la protección de las personas alertadoras.

Además de implementar medidas de reparación integral, una vez que sea declarada una víctima de corrupción, para finalmente establecer algún mecanismo de coordinación entre todas las dependencias y entidades para que se hable de un mecanismo a nivel nacional.

Con este ejercicio participativo, la SFP buscó recopilar los testimonios y opiniones de las organizaciones sociales, servidores públicos y ciudadanos en general, para alimentar la propuesta de Ley General de Personas Alertadoras de la Corrupción, específicamente en el tema de proteger y garantizar el derecho de participar en el combate a la corrupción sin sufrir represalias ni riesgos de cualquier tipo.

Al abrir el conversatorio, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, consideró que el Sistema de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, puesto en marcha por la Función Pública en julio de 2019, es una de las estrategias de combate a la corrupción más exitosas en el mundo, por lo que con la nueva propuesta de ley debe poner mayor atención al concepto de jerarquía en la relación de abuso de poder que se establece entre denunciante y denunciado.

Entre las más de 130 personas que participaron en el primero de tres conversatorios sobre el tema, se expresaron diversas denuncias como posibles irregularidades dentro de las áreas de control interno de las dependencias, por lo que llamaron a que el próximo proyecto de ley integre acciones para erradicar vicios en estos sectores.

Asimismo, se cuestionó el que la iniciativa ley no proponga la creación de un grupo especial que proteja la integridad física de las personas alertadoras o la falta de protocolos específicos para atender casos en donde se involucren a altos mandos.

También se propusieron acciones como la suspensión temporal del servidor público involucrado en un acto de corrupción, así lo planteo Amparo Castañeda, exfuncionaria pública de Oaxaca, quien relató las complicaciones a las que se enfrentó a intentar denunciar, con el órgano de control interno, el acoso sexual que sufría en su área laboral, ello debido al conflicto de interés entre los mismos servidores que deben investigar los casos.

En tanto, se llamó a que el Sistema Nacional Anticorrupción, forme parte de esta nueva ley, al tiempo que el SNA adopte mecanismos para impulsar las denuncias.

Mientras que se advirtió sobre una falta de homologación de los términos de faltas graves de corrupción, las sanciones o las evaluaciones de los casos, ya sean a nivel federal como estatal.

Aunado a una posible ambigüedad en las definiciones de denuncias anónimas y de confidencialidad, pues se consideró que al no registrarse ningún dato sobre el denunciante, se puede correr el riesgo de hacer un uso político de este mecanismo de alertadores, al tiempo que el sistema judicial del país requiere identidades para seguir un proceso.

Por lo que es conveniente fortalecer el ejercicio de confidencialidad, más no el aplicar un completo anonimato.

Finalmente, se prevé que en los próximos conversatorios se aborden temas como los mecanismos para la seguridad digital de las comunicaciones que se implementen con las personas alertadoras, con prioridad al cuidado de los datos y de la información, así como la construcción de una herramienta que permita implementar medidas de reparación integral hacia la construcción de la Ley.

kg