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Recortes al INE han reducido alcance de proyectos estratégicos
Durante los últimos cuatro años, las disminuciones al presupuesto han afectado principalmente los proyectos dedicados a fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público, así como los que tienen como objetivo robustecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos
Foto EE: Eric Lugo
Los recortes realizados por el Congreso de la Unión a las propuestas presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), durante los últimos cuatro años obligaron al organismo a realizar ajustes principalmente en las inversiones en proyectos considerados estratégicos como el dedicado a fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público y el destinado a robustecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos.
En el primer caso, durante el ejercicio actual, el de 2022, el recorte fue de 62.39%, en 2021 de 68.5%, en 2020 de 53.49% y en 2019 9.5 por ciento.
En términos absolutos en 2022 el recorte fue de 294 millones 702,756 pesos; en 2021 fue de 294 millones 702,756; en 2020 de 238 millones, 833,815 pesos y en 2019 de 13 millones 416,857.
De acuerdo con el “Plan Estratégico del INE 2016-2026”, el plan para fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público es uno de los siete proyectos estratégicos del organismo y que tienen como objetivo apoyar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
“Con la información relevante que se obtenga de la evaluación, podrá fortalecerse el desarrollo de la modernización institucional, ya que paulatinamente aportará elementos para la implementación de herramientas tecnológicas que favorezcan la automatización de procesos, subprocesos, procedimientos y actividades, permitiendo la reducción de costos y el logro de mayores niveles de eficiencia en la operación”, dice el documento; sin embargo, durante los últimos cuatro años debieron hacerse ajustes pues entre 2019 y 2022 les quitaron 841 millones 656,184 pesos. El mayor recorte se hizo en 2021, cuando la quita fue de 68.5%.
En el caso del rubro “Fortalecer la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos”, sólo ha tenido recortes en 2019, cuando la merma fue de 8.51% y en términos absolutos significó cinco millones 172,845 y en 2020, cuando la quita fue de 69.15%, significó 300 millones de pesos.
De acuerdo con los documentos que rigen el actuar del INE el dinero que se ejerce en esa área tienen como objetivo cumplir con el fin de orientar la optimización de los mecanismos institucionales existentes para garantizar la legalidad y la equidad en la contienda electoral, específicamente en lo que concierne a los actores políticos que compiten por el voto ciudadano.
Incluso señalan que resultan fundamentales para el fortalecimiento del Sistema de partidos en México, las actividades institucionales relacionadas con otorgar a esas organizaciones el acceso al financiamiento público, distribuir el tiempo en radio y televisión a que tienen derecho y las demás prerrogativas que la ley les otorga, así como fiscalizar el uso de estos recursos.
Otra área que ha resultado más afectada con la reducción de gasto, es la de Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales y tiene que ver con la integridad del Registro Federal de Electores. La Política General y el Proyecto Estratégico que se desprenden de esa tarea, se orientan principalmente a mejorar los procesos operativos registrales, con la finalidad de garantizar la validez y la confiabilidad de sus productos: el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores, la Credencial para Votar y la Cartografía Electoral.
Comprende los proyectos, programas y actividades que favorezcan la actualización permanente de los procesos registrales como base de la confianza en los insumos que aportan al sistema electoral mexicano.
Es en esa área donde se contempla la introducción de tecnologías la información y la comunicación como herramienta fundamental para hacer más eficientes los procesos registrales.
El caso es que en 2019 tuvo una reducción presupuestal de 36 millones 860,116 pesos que representaron 20.06% de su propuesta original y en 2020 de 62 millones 360,409 pesos, es decir a 69.15% menos que lo que había programado inicialmente.
La misión principal de la autoridad del INE es organizar los procesos electorales. En este rubro el mayor ajuste realizado entre 2019 y 2022 fue en el ocurrido en 2020 y fue de 13.45 por ciento. En 2019 la quita fue de 5.15%, en 2021 de 3.76% y este año ahí no se realizaron ajustes.
El presupuesto del instituto se divide en dos áreas: el presupuesto base y el presupuesto para cartera institucional de proyectos. La mayor parte de ajustes ocurren en esta última y es precisamente en donde están las acciones del organismo como la organización de procesos electorales y las acciones para el fortalecimiento de áreas estratégicas.
Las reducciones en el presupuesto base han estado en el rango de 1.36% y 8.25%, mientras que las reducciones en la cartera institucional de proyectos han estado en el rango de 2.38% y 32.24% esta última cantidad fue la de 2020.
Si se observan las cuentas globales anuales del INE la reducción más grande ocurrió en 2022 cuando la merma fue de 26.09% y la menor la del año pasado cuando fue de 4.25 por ciento.
Para 2023 el INE envió al Congreso de la Unión una propuesta de presupuesto de 14,437 millones 935,663 pesos, pero hasta el viernes por la mañana se mantenía la intención de recortarle 4,475 millones 201,178 pesos.
Además el INE solicitó un presupuesto precautorio para la eventual organización de una Consulta Popular con un monto de 4.025 millones 422,288 pesos, mismo que, en caso de que se venza el plazo legal del 30 de noviembre sin que se convoque este ejercicio, sería devuelto íntegra e inmediatamente a la Tesorería de la Federación.
Para la operación básica y permanente del Instituto se solicitó 11,769.76 millones de pesos y para la Cartera Institucional de Proyectos, que incluye los Procesos Electorales Locales del Estado de México y Coahuila, así como el inicio del Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024 y Proyectos Estratégicos, el INE solicitará 2,669.88 millones de pesos.
INE prevé promover controversia constitucional por recorte
Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera y presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto (CTP) 2023 del Instituto dijo que pese a los recortes, el INE ha seguido cumpliendo en todas las líneas de acción, aunque se han reducido alcances de los proyectos.
En ese sentido enfatizó que es preocupante que el Congreso realice esos recorten sin atender los argumentos presentados por el instituto.
En entrevista recalcó que todo lo que se presentó en la propuesta está alineado con los deberes constitucionales del organismo, además de que se trata de acciones que tienen como fin garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los mexicanos.
Dijo que es preocupante que se quite una cantidad tan significativa de recursos (como a ningún otro organismo autónomo a los que también se les disminuyó el presupuesto) porque está dispuesto para hacer efectivo el goce de derechos.
La consejera, quien platicó con El Economista el viernes por la mañana, dijo que si se concreta el INE acudirá nuevamente al poder judicial a interponer una controversia constitucional porque el organismo no puede estar cada año con la incertidumbre presupuestal como en los últimos años.
Debe quedar claro que para cumplir con su misión constitucional, debe garantizarse el recurso presupuestal correspondiente.
Actualmente hay controversias constitucionales interpuestas por el INE que no han sido resueltas a fondo.
Destacó que la facultad del poder Legislativo tiene que estar motivada de forma reforzada cuando decide no otorgar la suficiencia presupuestal solicitada por un organismo autónomo como el INE y tiene que ver con la necesidad de exponer razones válidas dentro del marco constitucional para poder disminuir una cantidad porque de otra forma, como ya lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entenderá como una facultad ejercida para subordinar a un órgano aun cuando tiene la autonomía que la Constitución le confiere.
La consejera comentó que debido a los ajustes presupuestales que se vieron obligados a realizar en el instituto en 2022 dado que el año pasado el Congreso no les autorizó los recursos solicitados, se tuvo que variar un modelo legal para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato (el pasado 10 de abril, donde solo participó menos del 18% de la población) debido a insuficiencia presupuestal, “lo cual es peligrosísimo, porque la ley está diseñada para cumplirse”. “Cosas como esas no deben ocurrir en un estado constitucional de derecho”, enfatizó.
