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Anteproyecto de ley de ciencia y tecnología, entre preocupación y suspicacias
Hace una semana se reunieron las comisiones de ambas cámaras del Legislativo y se comprometieron a sacar adelante la nueva ley.
El pasado 23 de marzo Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Senadores, anunció que la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación saldría en esta legislatura y que se trabajaría en conferencia, es decir, senadores y diputados al mismo tiempo para sacar un solo producto legislativo en consenso. Dos días después, el 25 de marzo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el anteproyecto denominado “Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, lo que ha generado preocupación y suspicacias.
En entrevista para El Economista, el abogado Jorge Espinosa Fernández, asesor y consultor independiente en temas de ciencia, tecnología e innovación, explica bajo una consideración jurídica el escenario. “Esta es una situación peculiar”, primero porque se integra una comisión bicameral, lo que quiere decir que ya hay un diseño de un proceso legislativo, esto llama la atención porque ni siquiera existe una iniciativa como tal. Por otro lado, se da a conocer un proyecto que viene de la cabeza de sector (Conacyt) y que es enviado a la Conamer.
El especialista explica que el documento que se presentó a la comisión regulatoria es un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Conacyt), esto se supone que se hace como parte de una mejora regulatoria y de transparentar los datos de iniciativas que el Ejecutivo va a enviar al Congreso, como una facultad que se le tiene permitido.
Sin embargo, este documento enviado a Conamer no está abierto a consulta pública, “lo que se está solicitando es que esta instancia apruebe la no presentación de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR)”, esto es un estudio con una serie de requisitos que la Comisión Regulatoria solicita para que un proyecto de instrumento normativo –ya sea ley, decreto, o norma oficial– analice como tal el impacto que tendrá sobre los posibles afectados y puedan manifestar su punto de vista.
“Aquí lo que hay es una argumentación para que no se haga algún trámite, aunque los documentos no lo explican, de eso se trata, el Conacyt pide exentar el requerimiento”. Dijo que es claro que este documento es el que será enviado al Congreso y probablemente seguirá adelante; se irá a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y luego a consideración del presidente.
Posteriormente, la Comisión Bicameral entraría en trabajos “y con toda razón, es una buena medida”, pues se trata de una iniciativa compleja, sin embargo, desde el punto de vista del especialista, en el caso de este anteproyecto, tanta organización “no vale la pena”.
Una propuesta sin fundamentos
Espinoza Fernández asegura que el planteamiento básico del anteproyecto no está conforme a la Constitución, y explica:
El transitorio que propone ese documento, es que se va a expedir una Ley General y que el Conacyt va a poder distribuir competencias. “La realidad es que la Constitución no establece la concurrencia en materia de ciencia, tecnología e innovación y el Congreso no tiene el mandato constitucional de hacerlo”.
Esto no es trivial, asegura el especialista, porque cuando se establece una competencia concurrente, se están limitando las facultades legislativas y la soberanía de las entidades estatales para legislar. “¿Por qué se va a limitar la soberanía de los estados si ya se tienen leyes estatales?, ¿ahora el Congreso de la Unión legislará por los estados?, por ese aspecto fundamental, esta ley ya no va”.
Agrega que la ley vigente, hasta antes de sus recientes modificaciones que cancelaron fideicomisos, se creó para establecer instrumentos de apoyo , “es una ley instrumental”, pero los instrumentos ya se quitaron, por lo tanto “la ley vigente no sirve de nada, y hacer otra que dice las mismas cosas de otra manera y sin instrumentos, tampoco sirve”.
Por último, explica que otra característica de este anteproyecto es que se busca que la ley sea adecuada al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), “esto es ver el mundo al revés, porque el programa debe hacerse conforme a la ley. Lo que busca esta propuesta es que lo que ya se hizo esté respaldado por una ley y nada más, es una aspiración a la legalidad, porque esto no representa a nadie”, concluyó.