Exigen a FGR  justificar y detener la investigación a científicos

Este martes, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a fortalecer y justificar la carpeta de investigación que solicita la aprehensión de 31 investigadores del Conacyt; mientras que al mismo tiempo, el PAN solicitaba no ejercer acción penal contra estos científicos.

Sin mayor argumento que el que la FGR se regirá por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, debida diligencia, lealtad, e imparcialidad, la diputada Lidia García Anaya pidió a la Cámara de Diputados exhortar a la fiscalía a fortalecer y justificar la carpeta de investigación que solicita la aprehensión de 31 investigadores, científicos y ex-personal administrativo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Ello luego de recordar que a estos 31 miembros se les acusa de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por el presunto desvío de 50 millones de pesos otorgados al FCCyT a lo largo de varios años por el Conacyt.

Aunque también se reconoció que un juez federal ya rechazó dictar las órdenes de aprehensión al considerar que los hechos imputados no se corresponden o se adecúan a los delitos que se pretende atribuir a los indiciados, por lo que la FGR, dijo solicitar, por tercera vez, la detención de estos 31 investigadores.

Detener acción penal, pide el PAN

En tanto, por el mismo tema, el PAN presentó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la FGR a efecto de que, en el ámbito de su competencia, no vuelva a ejercer acción penal y detenga la investigación y persecución en contra de 31 científicos señalados por la fiscalía y la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

En sus argumentos, el PAN dijo que luego de que la comunidad académica manifestó su indignación, con justa razón y de manera solidaria, la fiscalía no debería buscar de nueva cuenta ejercer la acción penal, pues ningún juez ha concedido la orden de aprehensión solicitada.

Por lo que resulta importante verificar la transparencia del proceso, pues resulta sospechoso y contrario a derecho, el hecho de que la fiscalía hubiera solicitado el dictado de las órdenes de aprehensión ante un juez de control en el Altiplano, en primer lugar, porque los hechos denunciados no se llevaron a cabo en el Estado de México y, en segundo lugar, porque no existe justificación o razonamiento alguno para que el fiscal Alejandro Gertz Manero insista en que se dicte prisión preventiva oficiosa a los denunciados en una prisión donde se encuentran internos los capos del narcotráfico y delincuentes de alta peligrosidad, señalaron.

“De los hechos se desprende que la intención de la titular del Conacyt y de la FGR parece mostrar más una intencionalidad de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Consejo, y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente”, expresó el PAN.

Los diputados panistas señalan que es claro que la fiscalía no ha logrado acreditar el estándar mínimo probatorio exigido por la ley, por lo que, conforme a derecho, debe cesar la persecución y determinarse el no ejercicio de la acción penal en contra de los imputados.

El PAN resalta que únicamente fueron denunciadas aquellas personas que fueron una voz disidente a la dirigencia del Consejo como un mecanismo de revancha por hacer valer sus derechos.

maritza.perez@eleconomista.mx

rrg