La Ley Olimpia está aprobada y se castigará a los agresores, ¿y luego qué?

La violencia en contra de mujeres y niñas en México persiste no sólo en espacios físicos, como el metro, la calle o el mismo hogar. La violencia las alcanza en plataformas digitales y sus redes sociales. El pasado 3 de diciembre del 2019 se aprobó la Ley Olimpia en la Ciudad de México, un paso importante en la lucha, pero no el final de ésta.

“Modificar las leyes ayuda a evidenciar y castigar la violencia de género, pero el camino no acaba ahí. Los agresores seguirán siendo parte de la sociedad aun cuando la pena legal los alcance. Otro de los focos de la lucha debe ser la concienciación social de por qué acosar en redes sociales o exponer la intimidad de las mujeres también es violencia”, dijo a El Economista Ana Celorio Baquedano, activista feminista mexicana.

Las reformas aprobadas con la Ley Olimpia castigarán a quienes cometan delitos que atenten contra la intimidad sexual de otra persona como grabar, tomar fotos o elaborar cualquier contenido multimedia (real o simulado) sin su consentimiento o mediante engaños. Estas acciones podrían conllevar de 4 a 6 años de prisión.

También se castigará a quien amenace o extorsione a otra persona con la difusión de algún contenido íntimo con una pena desde 4 hasta 9 años de prisión. Las reformas también incluyen procesos de denuncia específicos para que sean atendidas en menos de 24 horas.

Ana Baquedano celebró la aprobación de esta iniciativa conocida por el nombre de la activista Olimpia Coral Melo, quien lucha contra de la violencia digital contra las mujeres. Baquedano sabe del tema. Ha encabezado el movimiento activista en Yucatán que logró tipificar la “pornovenganza” como delito en el estado.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) le otorgó en 2018 el Premio Raquel Berman a la resiliencia femenina frente a la adversidad por sus logros y aportes a la lucha contra la violencia en redes sociales y medios digitales. También recibió el Premio Estatal de la Juventud 2018 por su labor social como activista y conferencista en la entidad.

Para Baquedano, la importancia que tienen las leyes en el avance del movimiento feminista “es una forma de ir avisando que la violencia se castiga en todas sus expresiones”.

La ley debe castigar a los agresores, pero también contemplar lo que pasará durante y después del castigo. Como toda persona que se encuentra privada de la libertad por haber violado la ley, las personas que ejerzan violencia digital también deben seguir un proceso de reinserción.

Los protocolos de justicia tienen que conciliar y encontrar la manera que efectivamente se castigue a los agresores y que en el proceso efectivamente entiendan por qué fueron castigados”, dijo Baquedano. 

No todo se resuelve en la tinta sobre el papel. Promover desde la ley y la política pública una cultura de conciencia y empatía es esencial para frenar la violencia contra mujeres y niñas especialmente en ámbitos donde regularmente está invisibilizada y donde es tan sencillo reproducirla.

Para la organización de defensa de los derechos digitales R3D, las reformas de la llamada Ley Olimpia (modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México), no provocarán “medidas efectivas que contribuyan a la erradicación de la violencia digital contra las mujeres; por el contrario, generaría graves riesgos para la revictimización”.

En un comunicado difundido a través de su sitio web, R3D criticó el peso del castigo en la reforma, pues “la perspectiva punitiva tiende a invisibilizar la dimensión social del problema y obstaculiza la construcción de políticas efectivas para remediarlo. Es imperativo priorizar la construcción de políticas basadas en evidencia e investigación antes de considerar la creación de cualquier tipo de legislación”. R3D es una organización conocida por su activismo en defensa de la libertad de expresión; entre sus batallas de largo aliento se encuentra la investigación y denuncia de los casos de espionaje en México con el software conocido como Pegasus.

Baquedano, quien también fue víctima de la violencia digital, alertó sobre consecuencias no deseadas de la legislación, como la propuesta de elaborar listas públicas digitales de los agresores. Dijo que la existencia de ellas podría prevenir y alertar sobre quienes ejercen este tipo de violencia, pero que deben generarse bajo los marcos legales de datos personales y un tratamiento que no promueva el sistema punitivo.

¿Por qué es tan importante atender la violencia digital?

En México cerca de 74.3 millones de habitantes mayores de seis años son usuarios de internet y sólo del 2015 al 2018 el total de internautas incrementó 19%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea componen la principal actividad de los mexicanos cuando usan internet y la mayor parte de las agresiones virtuales se producen en estos espacios.

Las mujeres son desproporcionadamente la mayoría de las víctimas del acoso, la exposición íntima y las amenazas a través de internet, 18 de cada 100 mujeres han sido al menos una vez víctimas de violencia digital, siguiendo los datos del Inegi. Y 85% de los agresores identificados son hombres, sin importar el género de las víctimas.

Atender la violencia digital desde una perspectiva de género es fundamental para garantizar los derechos de todas las personas y especialmente de las mujeres y niñas en México. “Las consecuencias de la violencia en redes o plataformas virtuales son grandes, pueden afectar el desarrollo de las víctimas en todos los ámbitos y los efectos se profundizan para quienes no reciben apoyo o acompañamiento”, dijo Ana Baquedano.

Castigar a quienes ejercen este tipo de violencia es fundamental para cambiar la perspectiva no sólo de los agresores sino de la sociedad en conjunto. “Las primeras reacciones de mis círculos sociales cuando se viralizó una foto mía sin mi consentimiento fueron para revictimizarme, culparme o acosarme, después de que se logró tipificar como delito la difusión no consentida de estos materiales la sociedad ya compartía opiniones distintas, la mayoría de sensibilización, reprobando a los agresores”, dijo Baquedano.

La violencia digital es un problema no sólo importante sino también urgente debido a que se ha convertido en uno de los espacios más importantes en el día a día de la sociedad. La política pública y la existencia de leyes que prioricen garantizar los derechos a sus habitantes son clave para avanzar en la erradicación de desigualdades. 

ana.garcia@eleconomista.mx