"La comunidad científica no tiene nada de qué preocuparse", asegura Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt

“La comunidad científica no tiene nada de qué preocuparse”, aseguró Elena Álvarez Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante su comparecencia ante el Senado de la República este miércoles 26 de octubre. Aseguró que el “mal ambiente” se ha dado por las manipulaciones de algunas personas que son muy hábiles para encender las redes y que lo hicieron desde el principio de una manera muy desalmada, porque afectaron la tranquilidad de colegas y estudiantes.  

Ante los cuestionamientos de los legisladores que hicieron llegar diversas preocupaciones de la comunidad, mantuvo su postura de que la ciencia hasta antes de este sexenio respondía a intereses creados del periodo neoliberal y de los propios intereses privados y que áreas fundamentales para el bienestar de este país y el desarrollo no tuvo recursos. “En años pasados encontramos miles de estudiantes de ciencias y humanidades y universidades públicas que se quedaban sin beca”.  

Contrario a lo que la comunidad académica ha venido denunciando y manifestando, la representante de Conacyt dijo que este año las transferencias con el nuevo sistema nacional de posgrados, con más de 80,000 becas al año, significaron un aumento de 44,607 nuevas becas con criterios de asignación “claros, transparentes, sin dejar a nadie atrás”, agregó que “literalmente” este año lograron atender al 100% de la demanda de becas nacionales y se dieron becas al extranjero, además de que se recuperaron los posgrados públicos, con postulaciones directas y con una simplificación administrativa.   

Todo estudiante que tenga un currículum y pase una evaluación colegiada y que responda a una demanda de cualquiera de las 32 entidades federativas del país que quiera una beca del Conacyt, la tendrá”.  

Agregó que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha sufrido un aumento del 57% en la membresía y en el presupuesto que se asigna a este rubro. Dijo que se cerró la brecha de género, se garantizó la inclusión disciplinar y la inclusión de estados e instituciones rezagadas. Además, dijo que se está atendiendo a los investigadores de 65 años y más “para que puedan seguir recibiendo su estímulo a pesar de que ya no puedan seguir laborando en una institución de educación superior. Además, fomentamos el retiro digno y la apertura de nuevas oportunidades en rezago laboral”. 

Sobre este último punto dijo que es un pendiente que aún están tomando en cuenta, pero que han atendido casi el 70% de la demanda de puestos de alto nivel para colegas con doctorado “cuando todos se quedaban sin una oportunidad… ( ) Lo hemos hecho con el programa de investigadores por México y un con un programa de becas posdoctorales”.  

En contraste la comunidad ha mencionado que el presupuesto podría ser suficiente, sin embargo, el Sistema está sufriendo una crisis profunda ante la inestabilidad de procesos y la insistencia de reclasificar a una proporción importante de académicos con la intención de retirarles el beneficio del estímulo económico, sumándolos a los colegas de instituciones de educación superior privadas que fueron discriminados en este mismo sentido. 

Por ejemplo, esta medida ha recibido ya resoluciones favorables para colegas desde el Poder Judicial y si le suman los pasivos que se han acumulado recientemente con la ampliación extraordinaria del número becas vitalicias o la nueva modalidad de becas a 15 años de investigadores con 65 años, aunque esto se ve con buena cara, se prevén complicaciones mayores para la viabilidad presupuestal del programa a largo plazo. 

Además, han criticado la forma en que se asignan los montos y los retrasos que han dejado a muchos estudiantes e investigadores sin el apoyo económico, que, para muchos de ellos, se convierte en el único sustento para seguir trabajando, agregan que las convocatorias deben ser públicas, evaluadas por pares y aprobadas en órganos colegiados con representación de los investigadores, pues la política actual de asignaciones directas seguida por el Conacyt no ha sido benéfica para la comunidad.  

Ante esto la compareciente dijo que las evaluaciones por grupos tan compactos generaban sesgos en las decisiones, pues era una suerte de “grupos que tenían mayores posibilidades de ser evaluados positivamente”, agregó que esto “ha funcionado de maravilla”, a diferencia de lo mencionado por los mismos investigadores designados para la evaluación que han denunciado graves retrasos y falta de claridad en el proceso. 

En este tema, algo que también preocupó a la comunidad fue el agregado de prelación, a lo que la funcionaria respondió que “de una manera malintencionada se generó la duda”, dijo que la prelación siempre ha estado, es decir, proyectos que no han pasado con todo y la rigurosidad de un proceso, “esta prelación no es otra cosa más que en aquellos casos que llegase a haber necesidad de priorizar por insuficiencia presupuestal. Es una cláusula que exige casi por default la Secretaría de Hacienda, para que haya una prelación transparente y genérica”.  Dijo que con esto se está beneficiando entre un 60 y 80% al número de investigadores.  

Álvarez Buylla también mencionó al ser cuestionada sobre la tardanza de montos y dinero recuperado pero que no se ha vuelto a invertir en la CTI, que ciertas decisiones no tienen que ver con el Conacyt, sino nuevamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

nelly.toche@eleconomista.mx