“La reforma penal ?es un cambio cultural”

Considere este caso: es usted una adolescente sin dinero y padres problemáticos. Todos los días para regresar de noche a su casa del trabajo toma un taxi que cuesta 50 pesos. Un día se le hace más tarde y por el mismo trayecto el chofer le cobra 150 pesos.

Usted le da lo que tiene, los 50 pesos usuales. El taxista se siente estafado y la denuncia al ministerio público como ladrona. Unos policías van a detenerla a su casa. Usted no tiene nadie quien la defienda. Usted acaba en la cárcel. Por 100 pesos.

Parece episodio de telenovela, guión de una secuela de Nosotros los pobres o una de esas anécdotas que las señoras inventan para asustar a sus hijas. Es una historia real. Es uno de los casos que atendió la asociación civil Renace, fundada por el abogado regiomontano Ernesto Canales, dedicada a asistir legalmente a personas de escasos recursos que se enfrentan a un juicio penal.

Se piensa que de la ley sólo hay que preocuparse cuando hay que hacer trámites o cuando la mala suerte nos hace estar en algunos de los extremos de un crimen. Pero no nos damos cuenta de cuánto nuestra relación con la ley y sus encarnaciones (el Ministerio Público, la policía, los jueces, los abogados) determinan nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos unos con otros.

Con el actual sistema es muy difícil reparar la trama social, que es lo que se rompe cuando hay un delito. Se rompe de dos maneras: cuando somos víctimas y sentimos que nuestro daño quedó impune, y del otro lado cuando se nos indicia y ni siquiera tenemos el derecho de una defensa balanceada , dice Ernesto Canales.

Como explica Canales, en nuestro actual sistema de justicia penal da igual si uno es indiciado por haber robado un celular o cometido un homicidio calificado, su caso será llevado por el Ministerio Público y la policía del mismo modo. No hay una diferenciación entre delitos. Es ahí donde entra la corrupción. Para salir bien librado del proceso, que es terrible, humillante, atemorizante, la gente está dispuesta a pagar lo que sea a quien sea. Y si uno no tiene dinero, ya se fregó .

Lo vimos en el documental Presunto culpable: no interesaron las pruebas a favor de la inocencia del acusado, José Antonio Zúñiga, lo que importó en realidad fueron la mala voluntad del Ministerio Público y el juez, la admisión de pruebas dudosas y puestas a modo para tener un chivo expiatorio.

Renace estuvo detrás de la producción del documental. Se nos acercaron las personas del CIDE para que filmáramos casos reales de un modo académico, casos de estudio y dimos con el caso de Toño y aquello se convirtió en algo que no esperábamos. Cuando se estrenó, la gente venía a decirme ‘¿Pero cómo es posible que se comporten así (los funcionarios) si sabían que los estaban filmando?’ Pues imagínense cómo se portan cuando están solos .

UN CAMBIO DE MODELO ?PARA UNA NUEVA CULTURA LEGAL

El abogado Canales pone sobre la mesa una cifra de escalofrío: 60% de quienes están en la cárcel lo están por delitos menores a 5,000 pesos. Otra más: sólo el 15% de los delitos se denuncia porque la gente le tiene miedo a la policía. Si cruzamos ambas cifras, el panorama es desolador: un país donde el aparato de justicia no funciona y cuando lo hace es para aplastar a los más débiles.

Renace es hoy uno de los principales motores detrás de la tan discutida reforma penal a la que hace dos días el presidente Peña Nieto se comprometió a apoyar.

La reforma que buscan Canales, Renace y la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso es un cambio integral que incluye ministerios públicos mejor formados y con poder acotado, una profesionalización de la policía (formados en investigación), audiencias públicas en delitos de alto impacto social ( el caso Florence Cassez no habría existido con una audiencia pública donde todas las pruebas deben presentarse a la vista de todos. El montaje de su aprehensión no habría sido aceptado como prueba ), participación de jueces que supervisen todo el proceso judicial ( no es posible que en el 85% de los casos el juez no conozca al acusado ), que la prisión preventiva sólo exista para casos peligrosos y, por supuesto, la implementación de los juicios orales.

Es la transición que los expertos llaman del sistema judicial inquisitorio a uno acusatorio. En el primero el Estado, representado por el ministerio público y los jueces, es parte activa del proceso. En el segundo hay dos partes independientes enfrentadas y el Estado deja de ser juez y parte para sólo ser árbitro.

Canales: Esta reforma que proponemos es una revolución, un cambio del modelo legal en el que vivimos. Nuestro objetivo es cambiar la impartición de justicia en materia penal, pero es un cambio que se va derramando a otras áreas. Lo hemos visto en los estados donde la reforma ya funciona. Por ejemplo, aquí en el DF ya hay juicios orales en materia mercantil, por ejemplo .

Hace una pausa: Claro que en asuntos mercantiles es más fácil que se acepten porque son entre particulares. Lo que nosotros queremos es un cambio en la relación de los ciudadanos con el Estado, no una relación desbalanceada. Penalmente, el Ministerio Público tiene todo el poder: él determina qué pruebas se aceptan y quién puede declarar. Si quiere fregar al alguien, lo hará. Y quitarle poder al Ministerio Público es quitarle poder al Estado .

¿Por eso ha sido tan difícil ?impulsarla en todo el país?

Es una interpretación mía, por supuesto. Es difícil que el Estado decida cambiar para quitarse poder a sí mismo. Otro, pero que ponen, es que el nuevo sistema de justicia es caro. Claro que es caro: pagarle mejor a la policía cuesta, que los defensores de oficio ganen más de $6,000 al mes cuesta. Pero es caro sólo al principio. En el mediano plazo, como lo hemos visto en los estados con reforma, la operación es mucho más barata ahora.

Los estados donde ha enfrentado más obstáculos son el DF, Jalisco y Veracruz. Es algo que me sorprende, no es como si fueran estados sin cultura jurídica… Una tragedia porque los ciudadanos de los estados donde hay reforma tienen mejores derechos que los que no la hay.

¿Por qué es más barato?

A ver, por ejemplo, cuando estamos proponiendo una diferenciación procesal en realidad lo que estamos proponiendo es un descongestionamiento del sistema. Penas diferentes a la cárcel para delitos menores. No es posible que haya gente en la cárcel porque se robaron un celular. Las cárceles cuestan y no sólo mantenerlas, cuestan porque no rehabilitan y porque quien está dentro al salir ya no puede regresar a una vida normal.

concepcion.moreno@eleconomista.mx