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Mujeres, interseccionalidad, una crisis climática que avanza y políticas que no logran ponerle freno
Todos los días la crisis climática pasa la factura: golpes de calor, sequías, incendios forestales, ríos desbordados, huracanes. Las mujeres, especialmente las más vulnerables, son golpeadas fuertemente por esta crisis; su participación en el diseño y aplicación de políticas contra la crisis climática es fundamental para aumentar el impacto de las mismas.
Dos mujeres afuera de sus hogares afectados por las inundaciones en Villahermosa, Tabasco en noviembre del 2020. Foto: Cuartoscuro
En septiembre del 2021, sólo en Tula –municipio en Hidalgo–, al menos 17 personas murieron por las inundaciones que provocó el desbordamiento del río local y cerca de 31,000 viviendas fueron afectadas. México, además, es uno de los países con más muertes relacionadas con el humo de incendios forestales en el mundo, de acuerdo con un reporte de la revista de ciencias médicas, The Lancet.
Datos de la NASA reportaron que, para México, el 2021 fue el cuarto año más caluroso de la historia, o por lo menos, desde que se tienen registros y zonas metropolitanas como la Ciudad de México ya superan –significativamente– los niveles de contaminación que la OMS considera peligrosos. Distintas organizaciones internacionales estiman que la contaminación causa la muerte de 9,000 y 10,000 personas en México cada año.
Estos, por citar algunos, son datos que muestran que el costo de la crisis climática es cada vez mayor y que no sólo es monetario; la salud, el bienestar e incluso las vidas de las personas están implicadas.
Tampoco es ninguna novedad que contener la crisis climática es una tarea urgente para todos los países en el globo, que gran parte de esta crisis es responsabilidad de la pequeña parte de la población más rica del mundo y que, además, golpea de una manera desproporcional a quienes se encuentran en las posiciones más vulnerables: las mujeres y niñas, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, la población rural y los más pobres.
Resulta curioso que aunque 195 países han firmado el Acuerdo de París y se encuentran trabajando en coordinación para establecer marcos internacionales, desarrollar políticas y hacer compromisos para frenar la crisis climática, las acciones no parecen tener el impacto esperado: todos los años se rompen nuevos récords –negativos– relacionados con el calentamiento global, la destrucción de ecosistemas, el agotamiento de recursos y biodiversidad, los contaminantes en el aire, suelos y agua, y muchos otros aspectos.
Una parte importante sobre el laxo impacto de las políticas públicas puede atribuirse a complicaciones en la aplicación de las mismas, pero el diseño también es fundamental. Las poblaciones más afectadas por esta crisis innegable del medio ambiente deberían estar en el centro del diseño de las acciones para frenarla.
Las mujeres y la interseccionalidad en el centro
La ONU Mujeres, en el marco de la CSW66 (Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por sus siglas en inglés), resaltó la importancia de que la perspectiva de género e interseccionalidad estén en el centro de las políticas relacionadas con el cambio climático.
Que las acciones nacionales e internacionales estén elaboradas bajo estas miradas implica que las mujeres y niñas en toda su diversidad participen activamente en la elaboración de acciones y propuestas, pero también que tanto ese proceso como la aplicación de políticas se lleven a cabo con este eje transversal.
Además, hay evidencia de que actuar con perspectiva de género e interseccionalidad en la respuesta a la crisis climática puede aumentar la eficacia de las acciones implementadas; también contribuye a que los beneficios se distribuyan de manera igualitaria.
De acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad Curtin, la participación de mujeres en parlamentos tiene un impacto significativo en el éxito de la lucha de contención a la crisis climática, no sólo por la diversidad que implica la paridad, sino también porque la mayor incidencia de mujeres implica mayor transparencia, mayor conservación y gobernanza de los recursos y mayor acción colectiva.
Por su parte, la interseccionalidad impacta de manera directa en la distribución de los beneficios de las políticas, porque ayuda a generar programas que desde su diseño comprenden que no todas las personas están en la misma posición y que el cambio climático golpea fuerte a algunas comunidades y apenas roza a otras.
Entonces, la participación de todas las mujeres es fundamental, pero especialmente de las mujeres que forman parte de comunidades altamente vulneradas como las mujeres negras, indígenas, pobres, rurales y trabajadoras agrícolas.
En México esto debería ser muy claro.
La escasez del agua no es un problema para la población del decil X –los más ricos– mientras que zonas como el Valle de San Quintín en Baja California no tienen acceso a agua y deben comparla en pipas y de hecho, cerca del 30% del país enfrenta sequías, de acuerdo con cifras de Conagua (Comisión Nacional del Agua).
El aire que se respira en la Ciudad de México es significativamente más peligroso en las zonas industriales, las periferias, que dan hogar a los más pobres: Gustavo A. Madero, Iztapalapa y los municipios del Estado de México con los que colindan.
Las mujeres agrícolas y rurales con mayor frecuencia enfrentan más obstáculos para acceder a la salud preventiva, la salud sexual, la salud reproductiva y la seguridad alimentaria que en situaciones de desastre las deja expuestas a desarrollar enfermedades o perder la vida.
Situaciones de desigualdad podrían citarse sin cesar. Por ello, considerar que las desgiudaldes son también una de las causas de la crisis climática al momento de generar políticas para contener esta problemática es fundamental.