¿Por qué hay división de opiniones sobre la copia privada?

La propuesta venida desde la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados para reformar y adicionar disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de remuneración compensatoria por copia privada, pendiente de su discusión y votación en el pleno, es un tema más complejo de lo que suelen contextualizar quienes están a favor o en contra de la iniciativa. Es un tema que trastoca intereses diversos, a grandes y pequeñas escalas, en la industria cultural, la manufacturera, la de importación de dispositivos electrónicos, a los creadores y a los usuarios en lo individual.

Compensación a creadores

El acelerado avance tecnológico de los últimos años y la velocidad de compartición de la información, mucha de ella de contenidos creativos, a través de los dispositivos inteligentes, han imposibilitado a los creadores de estos contenidos conocer y autorizar o no las descargas de sus creaciones y obtener una remuneración por el empleo de estos en cada caso. Es imposible para un creador conocer dónde y con qué fines se está usando su material.

El concepto de Remuneración compensatoria por copia privada, es decir, que compensa al autor por no haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de autorizar o prohibir la reproducción o el uso de su obra, es un derecho reconocido en la Ley Federal del Derecho de Autor desde 1996, explica la abogada Quetzalli de la Concha, también secretaria del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro); sin embargo, precisa, entonces se reconoció el derecho, pero no se reguló, es decir, no tuvo reglamentación ni especificaciones para su operación, lo cual convirtió a esta en una norma estéril.

Explica que el planteamiento de la reforma propuesta desde la Comisión de Cultura y Cinematografía busca generar las especificaciones, entre ellas, quién debe pagar, quién debe cobrar y la manera en la que se deberían distribuir esas remuneraciones.

¿Quién debe pagar?

“Hay muchos que están en contra y muchos a favor. Y hay que preguntarnos por qué. Los que están en contra principalmente son los que tendrían que pagar: productores, comercializadores e importadores de dispositivos electrónicos”, dice De la Concha.

El argumento general de quienes se han opuesto a la iniciativa es que esta medida provocará el encarecimiento de los dispositivos tecnológicos, lo cual, apelan, no hará más que afectar al consumidor.

De la Concha revira: “hay que recordar que quien fija los precios son los comerciantes, las empresas que se dedican a importar y vender los equipos. Hay que dejar bien claro que quienes pagan deben ser los comercializadores. Se le debe de pagar a los titulares de derechos a través de las sociedades de gestión colectiva. El pago no debería de recaer en los usuarios”.

Luego entonces, ¿cómo garantizar que no suceda un incremento del precio en los dispositivos que afecte al usuario?

“La respuesta es muy frustrante, porque los dispositivos inteligentes son más caros en México actualmente que en otros países que tienen economías más fuertes, mayor capacidad adquisitiva y además ‘aplican copia privada’. Aquí es más caro porque no hay un control de esos precios para los usuarios. Ese abuso en los altos precios para el consumidor ya existe y no hay un control al respecto. Eso ha sido independiente del tema de la remuneración compensatoria. Controlar los precios desmedidos tendría que ser una tarea de la Secretaría de Economía, del Estado en general, para procurar que no se abuse del consumidor con cantidades desproporcionadas para nuestra economía y en comparación con el precio en otros países”, argumenta e incluso propone buscar una figura similar a la del precio único en libros para el caso de los dispositivos digitales.

El destino de la remuneración

Además del reparto de la Remuneración compensatoria a los titulares de derechos, que coadyuvaría a la sostenibilidad de la generación de nuevos contenidos de calidad y finalmente podría reforzar el atractivo de los dispositivos, argumenta De la Concha, se podría destinar un porcentaje para fines de promoción y difusión cultural, dado que esto podría detonar los procesos creativos que nutran la cultura nacional. Pero también es esencial destinar parte para garantizar seguro social a creadores que trabajan por su cuenta, agrega.

Reitera que desde el gobierno debería haber más interés en esta reforma, sobre todo desde las secretarías correspondientes de Educación y Cultura, dado que los autores son fundamentales para el funcionamiento educativo y cultural del país.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx