Patadas de ahogado de las apps de reparto y viajes

Las plataformas digitales lo han dejado claro desde hace mucho tiempo: no están de acuerdo con una reforma laboral que implique asumir responsabilidad patronal sobre las y los repartidores y choferes de sus aplicaciones, sin embargo, todo parece indicar que no les quedará de otra.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo volvió a decir en su conferencia de prensa de este lunes, la reforma para reconocer los derechos laborales del sector va y el gobierno presentará una iniciativa formal ante el Congreso de la Unión en los próximos días.

“El objetivo es que (los trabajadores de aplicaciones) tengan seguridad social y que se regule esta forma de contratación para beneficio de las y los trabajadores. Se estuvo trabajando desde hace tiempo ya, tanto con los repartidores, repartidoras, con los trabajadores, como con algunas plataformas. Esta propuesta de ley la vamos a presentar este mismo mes”, detalló.

La realidad es que el tema no es nuevo, ni para los legisladores ni para el gobierno federal –ni para Uber, DiDi, Rappy y Cabify, apps que ahora están agrupadas en la “Alianza In México”, y su cuantioso cabildeo–, ya que en el sexenio anterior se presentaron al menos 12 iniciativas de reforma provenientes de todos los partidos políticos y la Secretaría del Trabajo (STPS), entonces comandada por Luisa María Alcalde, también avanzó en un proyecto de reforma.

Es precisamente ese documento el que servirá de base para la iniciativa que impulsará el gobierno federal. La STPS, que ahora dirige Marath Bolaños, encabezará la negociación que contempla varias adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT); los detalles los dará a conocer el funcionario este miércoles en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Como el proyecto ya se había “congelado” de cierta manera en el sexenio anterior, en parte en espera del primer documento que emitirá la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tema a mediados del próximo año, las apps ya se habían tranquilizado, pero las aguas se agitaron nuevamente después de que Sheinbaum Pardo anunció, en su primer discurso como presidenta, que la reforma será prioritaria para su gobierno.

“Si bien Alianza In México comparte el sentido de prioridad planteado por la presidenta Sheinbaum el pasado 1 de octubre, la asociación hace un llamado a que la propuesta parta de un diálogo plural entre las múltiples partes del ecosistema y que ponga la voz de los repartidores en el centro.

“En este sentido, como punto de partida propone centrar la discusión en los elementos que más aprecian los repartidores: flexibilidad e independencia, buscando trabajar juntos en el diseño de una política que preserve elementos fundamentales del modelo”, expresaron las plataformas en un comunicado conjunto.

La realidad es que, aunque las apps de reparto y viajes piden diálogo, mucho del contenido de la iniciativa ya lo conocen, puesto que la STPS ya se ha reunido en reiteradas ocasiones con sus directivos, por lo que la discusión legislativa no partirá de un desconocimiento del alcance que tendría la reforma.

Además, de la declaración de la Alianza llama también la atención que las mismas empresas son las que pidan que se ponga la voz de los repartidores en el centro de la discusión. Aquí cabe la pregunta: ¿cuáles repartidores? Porque claramente ya existen dos grupos, uno muy cercano a las plataformas que ha cambiado su discurso y no está tan a favor de la reforma, y otro igual de representativo que pide cambios legales para garantizar sus derechos laborales.

Lo que en el fondo las plataformas quieren es que se siga en la ruta del nuevo programa del IMSS para trabajadores independientes. El problema es que en este esquema no hay responsabilidad patronal y todo el esfuerzo recae en el repartidor o chofer que se afilie. Además, el Congreso de la Unión lo dejó claro al aprobar dicha reforma: ésta no resuelve el problema de quienes laboran en las apps.

Lo que sí debe estar en el centro de la discusión es cómo garantizar la flexibilidad y la independencia que caracteriza a este modelo de trabajo, que según estimaciones del IMSS emplea en el país a 500,000 personas y de una investigación de la encuestadora Buendía & Márquez financiada por las apps, a 2.5 millones de personas.

En eso coinciden empresas, trabajadores –definidos antes como socios, ahora como usuarios por las apps– y autoridades, sobre todo en un contexto donde la legislación laboral no está diseñada para la economía gig, aquélla con los formatos de empleo no tradicionales asociados a lo digital. Ése será el mayor desafío, y ahí a todos les tocará asumir una parte de responsabilidad, quieran o no las plataformas y sus cabilderos.