Conflicto en GM Silao, el puente entre el viejo y el nuevo sistema laboral

Llegó el día: personal de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, votará para legitimar, o no, su contrato colectivo de trabajo (CCT). Es el segundo intento. La historia parece muy local, pero es en realidad “un caso paradigmático, crucial” para el mundo del trabajo en México, como lo describe Graciela Bensusán, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Más allá de los resultados de la consulta, la manera en la que ésta se desarrolle mostrará que “el pasado no es posible en el futuro”, dice la especialista en entrevista aludiendo al viejo “esquema corporativo, autoritario, de control vertical”, que operan no sólo sindicatos, sino empresas. Para la investigadora, los procesos de legitimación de los CCT son “el puente entre el viejo y el nuevo modelo laboral”.

Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encuentra un antiguo refrán para expresarse: “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, ironiza. Lo que ocurre en la armadora es un mensaje para otras empresas y sindicatos, advierte.

En abril pasado, más de 6,000 trabajadoras y trabajadores de GM Silao fueron convocados por el Sindicato Miguel Trujillo López a votar por el CCT. Ese contrato fue negociado por dicha organización gremial, la cual pertenece a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Uno de los grandes objetivos de la reforma a la Constitución en 2017 y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019 fue el reconocimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva. “Devolver el sindicato a los trabajadores” y quitarlo de las manos de las dirigencias, como lo explica Enrique Larios.

Las dirigencias sindicales están ahora obligadas a poner consideración de todos sus agremiados el contrato que negociaron con los empleadores. Es decir, a legitimarlo.

Dudas antes de la votación

En el proceso para la legitimación del CCT en la planta de GM en Silao estaban hace unos meses, pero la votación fue suspendida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) luego de dar cuenta de la quema de boletas. Pero también de otras irregularidades, como la presión del sindicato y de la propia automotriz para que el voto fuera por el “sí”.

Por esos hechos, el 12 de mayo el gobierno de Estados Unidos presentó una queja contra GM Silao, mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), por la probable violación a los derechos sindicales. Ese instrumento de resolución de controversias está contemplado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El MLRR es una forma de garantizar la transición democrática, pues en México había mucha resistencia, explica Graciela Bensusán, quien también forma parte de los panelistas laborales mexicanos para controversias bajo el T-MEC. La democratización en el mundo laboral es algo que se había pedido desde hace más de siete décadas. En los años 50, el movimiento ferrocarrilero, o en los 70, el movimiento de insurgencia sindical, son algunos de esos momentos importantes.

Con la ayuda de “los amigos del norte”, pero también de un gobierno federal en México que tiene un claro compromiso con la democracia y la libertad sindical, finalmente se logró, expresa.

El 8 de julio, el gobierno estadounidense informó los resultados de las negociaciones con la empresa y el gobierno mexicano para solucionar el conflicto. En el documento Curso de remediación para abordar la denegación de derechos en relación con el proceso de legitimación en General Motors en Silao acordado entre los Estados Unidos y México se detallan los 20 compromisos para las autoridades de nuestro país y la armadora estadounidense. Entre ellos, las condiciones en las que se repondría la consulta.

La votación se realizará a este martes 17 y miércoles 18. Y lo que verdaderamente “está en pugna es el derecho de los trabajadores a sindicalizarse”, en GM y en otras empresas, señala Enrique Larios, integrantes del panel laboral del T-MEC.

Para Patricia Juan Pineda, asesora legal de la disidencia sindical en GM, en los días previos no se dieron las mejores condiciones. La empresa decretó un paro técnico debido a la falta de insumos para armar los autos, como los chips. Éstos llegan desde Estados Unidos, pero una nueva ola de contagios de covid-19 frenó el suministro.

El CCT permite, ante este tipo de circunstancias, que GM mande al personal a casa a cuenta de sus vacaciones. Esta situación “obstaculizó la comunicación entre los trabajadores”, en un momento en el que deben informarse y discutir sobre las condiciones laborales que establece su contrato, indica.

Por otro lado, el acuerdo señala que el lugar donde se lleve a cabo la consulta debe tener condiciones de “seguridad, accesibilidad y neutralidad”, indica el plan de remediación. “Pero al hacerlas dentro de la planta, no se cumple con la garantía de neutralidad”, asegura la abogada laboral.

También era “vital que la convocatoria indicara clara y expresamente que el conteo de votos se realizará al final de la jornada, por todo lo que ocurrió la vez anterior”. Una de las denuncias de la disidencia es que los delegados sindicales abrieron las urnas desde el primer día para saber la tendencia de la votación. Al darse cuenta que no les favorecía, quemaron los votos que decían “No” al contrato colectivo.

Tal parece que están dadas las condiciones para un proceso equitativo, personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) observarán su ejecución, considera. Además de que desde hace algunos días hay presencia de verificadores e inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), recuerda.

Ahora lo que se espera es que la empresa y el sindicato “estén a la altura”.

Un camino desconocido: La democracia

Los sindicatos de todo el país tienen hasta mayo de 2023 para legitimar sus CCT. Pero “Guanajuato es una plaza muy conservadora, la parte patronal no está acostumbrada a la democracia y le regatea a los trabajadores el derecho de resolver sus problemas sindicales. Por eso hacen sus propios sindicatos, o bien, corrompen a los ya conformados para tenerlos controlados”, sostiene Enrique Larios.

“Lo que pasa en Silao es que los patrones no quieren ceder la facilidad de seguir contratando trabajadores con un sindicato como la CTM, una organización corrompida”. Pero el mensaje es para el resto de las organizaciones gremiales y de las empresas, dice.

En diciembre de 2018, la Confederación Sindical Internacional (CSI) expulsó de sus filas a la CTM y a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) por considerar que actúan en contra de los derechos de las personas trabajadoras. Este diario buscó la postura de la CTM y el Sindicato Miguel Trujillo López para este reportaje, sin embargo, no respondieron.

El proceso de legitimación de los CCT representa la transición a la democracia y al Estado de derecho en el mundo del trabajo, opina Graciela Bensusán. Por eso el caso de GM es emblemático, apunta. Se trata de ese puente, insiste, para pasar a un modelo democrático, participativo, transparente, de rendición de cuentas que ayudará a poner fin a la corrupción en el mundo laboral.

Ese mundo está integrado también por empresas que operan con esquemas ilegales de outsourcing y que funcionaban al amparo de dirigencias corrompidas, agrega. O de compañías que ofrecen salarios indignos, México tiene “el ingreso más bajo de la región, sino es que del mundo. La distribución del Producto Interno Bruto (PIB) es de las más desiguales, 30% para los trabajadores y 70% para los empleadores”.

Por supuesto, es algo sistémico, la legitimación de contratos es sólo una parte, pondera. “Las empresas deben entender que no se puede garantizar la gobernabilidad en el mundo del trabajo por los viejos métodos. Ahora es la inclusión, el consenso, la negociación transparente y abierta con los sindicatos el método para conseguir la paz laboral”.

Lo que está a punto de suceder en Silao, un municipio de Guanajuato, en el Bajío, “nos tiene que enseñar a todos los actores que el pasado con las formas viejas de control debe desaparecer. Este caso, bien llevado, mostrará que ésta es la forma de transitar a la vía democrática”. Y esa forma es la institucional, concluye.