La reforma judicial que viene, ¿y el T-MEC?

Si no sucede algo verdaderamente extraordinario, en las próximas semanas estaríamos presenciando la materialización de la que, a mi parecer, sería la regresión autoritaria más grave de la historia moderna de México. Me refiero, desde luego, a la reforma del Poder Judicial.

Esta modificación legislativa que, entre muchos otros temas cuya gravedad no se alcanza a dimensionar, pretende someter a elección popular a jueces, magistrados y ministros. Se trataría de la pulverización del último contrapeso que tenemos en el Estado democrático de Derecho, abriendo la puerta a una absoluta politización de la justicia de la que, más temprano que tarde, terminaremos totalmente arrepentidos.

Más allá del análisis que podamos hacer respecto de la idea de justicia o de las consecuencias jurídicas que esta reforma traería consigo, considero que uno de los análisis más relevantes que tenemos que dimensionar radica en las consecuencias que la reforma que aquí se menciona traería para nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Ciertamente, hasta hace apenas algunos días, nuestros vecinos del norte habían dicho poco menos que nada respecto de este tema, que sin lugar a duda tiene el potencial de no solamente mermar, sino terminar por completo la relación comercial que sostiene en enorme medida la economía nacional. 

Sin embargo, en los últimos días aparecieron, tanto la representación diplomática de Estados Unidos como la de Canadá, manifestando la preocupación que le genera a ambos países la aprobación de una reforma de semejantes consecuencias. No es para menos, más allá de la prudencia diplomática que trataron de mantener hasta el último momento ambos países, lo cierto es que una modificación tan abrupta y drástica al Estado de Derecho, representaría un mensaje nefasto para la inversión extranjera.

Ojo, para nada pretendo establecer que la justicia en nuestro país es ejemplar o que llega a la gente que verdaderamente la necesita. Por el contrario, soy un convencido de las enormes áreas de oportunidad que tiene dicho sistema de justicia. No obstante, la reforma judicial que se estará discutiendo en las próximas semanas se encuentra muy lejos de resolver cualquiera de los problemas actuales. Por el contrario, tendría la capacidad de empeorarlos.

Ahora bien, la gran pregunta aquí es si las manifestaciones realizadas por las representaciones de nuestros socios comerciales terminarán jugando algún rol relevante o, simplemente, pasarán a la historia como un par de testimonios que, aunque advirtieron, no tuvieron la capacidad de ser relevantes en la discusión.

En cualquier democracia o sistema económico que pudiera considerarse normal, este tipo de declaraciones debería tener la fuerza suficiente para encausar la discusión en un sentido diferente e incluso, frenar por completo las iniciativas respectivas. Lo cierto es que el momento que atraviesa nuestro país es todo menos convencional.

Las consecuencias de ignorar que la certeza jurídica es clave para la generación y mantenimiento de inversiones en cualquier país pueden costarnos muchas décadas de atraso y una crisis económica como hace mucho tiempo no la hemos presenciado.

Pensar o imaginar que se puede gobernar simplemente desde el discurso, ignorando los entornos económicos y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano, es un acto de soberbia y, a la vez, de ingenuidad. Aunque no quiera admitirse, los empleos no los genera el Estado, los generan las y los empresarios que apostamos nuestro dinero para contribuir al bienestar de las familias mexicanas.

Soy un convencido que más que una reforma judicial, se requiere una reforma a la justicia mexicana. Una que trastoque a las fiscalías y a los ministerios públicos por igual. Una en donde se mejoren los perfiles de la gente que llega a la impartición y a la procuración de justicia. Una en donde sea el mérito y el esfuerzo lo que permita acceder a los cargos. Nunca, léame bien, nunca, puede ser la popularidad lo que determine el cargo de una persona juzgadora. Los jueces y los árbitros no deben ser sometidos al aplauso popular, precisamente porque su trabajo no es agradar.

A todo lo anterior, tenemos que sumarle el contexto político norteamericano. Un contexto en donde podríamos enfrentarnos a un presidente negociador, cuya dinámica de los Tratados con México nunca le ha convencido. Si no fuera él, nuestra otra opción es una política experimentada, que en su momento de legisladora votó incluso en contra del T-MEC. Ninguno de los dos escenarios es especialmente alentador para México y requerirá de negociaciones arduas. Le adelanto que, si la reforma judicial llega a materializarse, difícilmente podremos mantener el T-MEC y aquellas viejas disputas serán reactivadas.

Basta una lectura rápida del Tratado Comercial que aquí se menciona para entender la cantidad de compromisos que tenemos adquiridos desde tiempo atrás. La independencia de los tribunales y la certeza para las inversiones son apenas dos que resultan fundamentales. Vivimos, sin lugar a duda, la discusión más importante de la historia moderna de nuestro país. Nuestra imperfecta e incipiente democracia puede encontrarse en sus últimos días de división de poderes. La batalla es de toda la relevancia para la historia de nuestro país y nos afectará a todos por igual.

Ojalá podamos estar a la altura para garantizarnos y garantizarle a las próximas generaciones que, ante cualquier controversia en nuestras vidas, tendremos a una persona juzgadora independiente a cargo de la resolución de nuestro tema, sin que medien tintes partidistas o políticos. Ojalá no echemos para atrás nuestra joven democracia y vida en el libre comercio internacional.

Está todo en juego. Nada más y nada menos.