México da un paso adelante contra el trabajo infantil… y otro hacia atrás

Falta todo un cambio estructural para erradicar el trabajo infantil en el país, pero la reforma que en 2015 elevó la edad mínima para laborar de 14 a 15 años y dispuso condiciones de empleo acordes para adolescentes, ha funcionado.

Sin embargo, el Congreso de la Unión dio marcha atrás a una parte de las restricciones que les protegía de trabajos riesgosos, lo cual además podría contravenir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este país es el segundo en América Latina con más niñas, niños y adolescentes laborando, después de Brasil. Según la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), esa población es de más 3.3 millones.

Las investigadoras Fernanda Martínez Flores y Mireille Kozhaya, del Instituto Renano-Westfalia de Investigación Económica de Alemania (RWI), estudiaron los efectos en la población que tenía entre 14 y 15 años de edad cuando fue modificada la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2015 y encontraron “un aumento de la matrícula escolar del 2% y una disminución de la tasa de trabajo infantil del 16%”.

En el estudio Prohibiciones de trabajo infantil, empleo y asistencia escolar: Evidencia de cambios en la edad mínima para trabajar indican que eso equivale a que, aproximadamente, “25,000 adolescentes que se dedicaban a actividades de trabajo infantil dejaron de trabajar”. Y casi 50,000, quienes probablemente habían dejado de estudiar para incorporarse a la fuerza laboral, volvieron a la escuela.

Los resultados de su investigación, una de las pocas que existen sobre trabajo infantil a nivel mundial, revela que quienes se “enfrentaron la prohibición no sólo tienen menor probabilidad de estar en condiciones de trabajo infantil, sino que tienen mayor probabilidad de seguir registrados en la escuela”, subraya la doctora en Economía Fernanda Martínez Flores.

En entrevista desde Alemania, la mexicana señala que “la reforma disminuyó el trabajo infantil, sobre todo en las niñas”. Esto se debe a que los impactos son más visibles en los sectores de manufactura y servicios, y ellas laboran principalmente en este último mercado.

El campo, otra situación

La reforma integró en la legislación una serie de restricciones para contratar a adolescentes mayores de 15 años y prohibió que laboren en actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, entre otras.

Pero el pasado 23 de febrero el Senado concluyó el proceso legislativo para modificar ese veto. Así que, si no se usan químicos o no manejan maquinaria o vehículos pesados para realizar sus tareas, sí podrían trabajar en esos sectores.

Uno de los argumentos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para convencer de la necesidad de ese nuevo cambio fue que, al tener pocas oportunidades laborales, las y los adolescentes han preferido incorporarse al crimen organizado.

“Veo esto de forma crítica. Es una salida fácil decir que por el número de restricciones que pusimos, los jóvenes van a ser delincuentes”, opina Fernanda Martínez. 

La especialista rechaza las posturas que criminalizan a la adolescencia y la juventud por el hecho de estar en condiciones de pobreza y búsqueda de ingresos económicos. “Me parece interesante la relación que hacen de agricultura y crimen, pero no hay pruebas cientificas que demuestren que eso sea cierto”.

Está de acuerdo, dice, en que se realicen ajustes para dar opciones de trabajo formal a jóvenes. “Lo único que resaltaría es que esas actividades fueron prohibidas la carga de herramienta pesada, o el uso de pesticidas y fertilizantes, que a veces contienen químicos, y son consieradas sustancias riesgosas, por lo que deberían ser manejadas por un adulto”.

Por supuesto, la covid-19 colocó al mundo en otro escenario económico y eso también lo toma en cuenta la investigadora en su análisis. "La pandemia tendrá consecuencias multilaterales. Muchas niñas y niños no pudieron continuar con las clases en línea y, combinado con el impacto económico por el que tuvieron que trabajar para apoyar a su familia, será difícil que regresen a la escuela”, dice. Es por ello que se requieren más medidas para contener el trabajo infantil.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que por cada punto que aumenta la pobreza, el trabajo infantil incrementa 0.7 por ciento. En México, la pobreza creció 9.1 puntos en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al pasar de 41.5 a 50.6 por ciento. Eso significa que al menos 210,000 niñas y niños más comenzaron a trabajar conforme fue avanzando la pandemia de Covid-19, eso implica que la población menor de edad que labora sería ya cercana a 3.5 millones.

Pero sola prohibición para que niñas y niños de 14 años y menos laboren “no es una herramienta eficaz para disminuir las tasas de trabajo infantil”, apunta el estudio. Se requieren sanciones concretas por violaciones a la ley, inspecciones y otro tipo de medidas, como las que se incluyeron en 2015.

“La reforma (de 2015) está bien ideada, con las restricciones al trabajo riesgoso, a los trabajos que afecten su moralidad o su salud física. Y es importante que considera estándares de educación mínima”.

También el T-MEC incluye previsiones contra este problema. El artículo 23.3 del capítulo laboral del acuerdo comercial obliga a los países no sólo a incluir en sus leyes y regulaciones “la prohibición de las peores formas de trabajo infantil”, sino a mantener los candados legales. Y establece sanciones como la prohibición de importaciones a productos que tengan mano de obra de niñas y niños.

Hay que destacar que los buenos resultados de la reforma de 2015, “están concentrados en familias de ingresos bajos, pero en áreas urbanas. Es muy probable que esto se deba a que ahí hay más inspecciones a las empresas”, explica Fernanda Martínez.

En áreas rurales o más pequeñas, que no tienen concentración de urbanización, “no vemos ese efecto. Puede ser porque los jóvenes tienen un patrón distinto de trabajo, la mayoría está en actividades informales y ahí hay menos probabilidad de que haya inspecciones” laborales.

Y particularmente, las investigadoras no encontraron ningún efecto en el sector agrícola, donde el 93% de las trabajadora y trabajadores están en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el cual ahora se abrirá a adolescentes entre 15 y 17 años.

En su estudio, siguieron la trayectoria de las y los nacidos entre 1998 y 1999 y otro importante hallazgo es que incluso después de cumplir 18 años “tienen mayor probabilidad de seguir en la escuela” y menos de estar por completo trabajando sin estudiar. “En realidad la reforma sí mostró un impacto en la escolaridad”, destaca Fernanda Martínez.

“Se deberían poner en marcha más políticas para mantener a los jóvenes en la escuela. No simplemente quitar restricciones porque se necesita más gente que trabaje. Claro que se necestia, pero también se requiere de gente cualifiada. Por lo tanto, lo mejor es ofrecer oportunidades para que los jóvenes generen ingresos para su hogares de forma segura y al mismo tiempo sigan asistiendo a la escuela”. La educación dual es una buen opción, considera.

Más que previsiones, insiste, hay que dar oportunidades y garantizar “condiciones de trabajo decente, incrementar la cobertura de beneficios y las capacidades de las empresas informales para transitar a la formalidad. Se necesita toda una serie de grandes acciones para cumplir con las normas internacionales”.