Trabajadoras del hogar amarran acceso al Seguro Social; Infonavit, el pendiente

La idea era aprobar la reforma el 8 de marzo, retomar el origen del Día Internacional de la Mujer y honrar a las obreras asesinadas en Estados Unidos en la lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos laborales. La meta de las empleadas del hogar en México era conseguir todos los beneficios de la seguridad social. No se logró lo primero y lo segundo, parcialmente. Aun así, el dictamen avalado ayer por el Senado resarce en gran medida la desigualdad en contra de las trabajadoras del hogar.

Por unanimidad, las senadoras y los senadores aprobaron ayer una reforma histórica: será obligatoria la inscripción de las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Una vez que la Cámara de Diputados lo avale también, las personas empleadoras no podrán evadir este deber.

“Hace tres años reformamos la Ley Federal del Trabajo (LFT) en esta legislatura. Fue de las primeras acciones que emprendimos, que fueran reconocidas como lo que son: trabajadoras” y, por ello, tienen los mismos derechos que el resto de la población trabajadora en el país, recordó la senadora Patricia Mercado Castro (Movimiento Ciudadano).

La reforma modifica la Ley del Seguro Social (LSS) y le incorpora el capítulo XI denominado “De las Personas Trabajadoras del Hogar”, el cual comprende de los artículos 239 A al 239 I. En dicho ordenamiento se reconocen las diferentes modalidades en las que laboran: de entrada por salida en un solo hogar o en diferentes, o viviendo en la casa donde trabaja.

También integra las cinco protecciones que el IMSS le ha otorgado de manera obligatoria al resto de trabajadores y trabajadoras: seguro de enfermedades y maternidad; de riesgos de trabajo; de invalidez y vida; de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de guarderías y prestaciones sociales.

La reforma incluye algunas de las propuestas y demandas de las empleadas organizadas, así como de académicas y activistas que participaron en el parlamento abierto del 24 de noviembre de 2021. Sin embargo, faltó definir un mecanismo de inspección para verificar el cumplimiento de la afiliación, así como de las normas de seguridad y salud en el trabajo, y las sanciones a quienes violen estos ordenamientos.

Y uno de los grandes pendientes, y en el que han insistido el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) y el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), es la falta de acceso a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El derecho a la vivienda es “la siguiente gran lucha que tendremos que dar”, aceptó Patricia Mercado. En su discurso, la legisladora feminista, quien ha sido una de las principales aliadas del movimiento de las trabajadoras del hogar, no evocó a las obreras textiles asesinadas en Nueva York, a principios del siglo pasado. El 8 de marzo ya se veía lejano.

Pero sí llevó a la tribuna del Senado de la República la memoria de una trabajadora del hogar asesinada por su pareja. Gracias a que estaba inscrita en el programa piloto del IMSS, sus hijos quedaron asegurados tras el feminicidio. Con este lamentable hecho, que condenó, explicó que la seguridad social no se limita ni a los servicios de salud ni a la empleada inscrita. Su beneficio “es expansivo hacia medidas de protección que en este caso fue hacia sus hijos”.

Menos de la mitad permanece afiliada

El dictamen de las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda estaba enlistado para ser votado en el pleno el pasado 8 de marzo. Sin embargo, poco antes de que iniciaran las movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en las calles de la Ciudad de México, la mesa directiva levantó la sesión.

Al día siguiente, el 9, el orden del día también contempló esta iniciativa, pero no se logró el quórum necesario. Las senadoras se unieron al paro de mujeres en protesta por la desigualdad y la violencia en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada. Con ello también demostraron que sin su presencia el proceso legislativo se detiene.

Antes de la pandemia, más de 2.4 millones de personas laboraban en el trabajo doméstico. Pero las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que sólo 2.2 millones continúan activas en ese sector, uno de los que más pronto fueron afectados. De ellas, el 98% trabaja en la informalidad.

La propuesta de reforma fue construida con base en el informe de resultados de la primera fase del programa piloto que el IMSS lanzó en abril de 2019, cuyas reglas fueron modificadas en una segunda fase. Según el documento, la mayoría de las trabajadoras (65%) son originarias y laboran en las zonas centro y norte del país. La mayor migración ocurre en el sur, desde ahí se desplazan al centro, principalmente, y al norte.

Aunque según la ENOE nueve de cada 10 son mujeres, el 67% de las personas empleadas del hogar es mujer y el 33%, hombre, según información del propio instituto. Lo cual confirma que para las mujeres es más difícil el ingreso a la formalidad.

Desde que comenzó el programa, “se han afiliado 80,150 personas distintas por lo menos un mes”, señala el dictamen. A enero de este año sólo 43,373 seguían afiliadas y 38,777 ya no lo estaban. Es decir, el 48% no ha permanecido en la seguridad social y sus beneficios.

¿Qué dice la reforma a la LSS?

La reforma plantea definir quién es una persona trabajadora del hogar. El artículo 239-A de la LSS del proyecto establece que “es aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no aporte para la persona empleadora beneficio económico directo”.

El artículo 239-C indica que quien contrate a una trabajadora del hogar tiene la obligación inherente de registrarla e inscribirla al IMSS desde que comience a trabajar. Quien solicita la fuerza de trabajo de estas mujeres debe realizar el trámite, esto aplica también en caso de que la trabajadora labore con diferentes personas, cada una deberá hacer lo propio.

También deberá retener la cuota obrera para incluirla en el pago. Una vez hecha la primera aportación, la cobertura iniciará inmediatamente “y hasta el último día del mes calendario que corresponda”. Para los siguientes, el pago será anticipado, es decir, el aseguramiento iniciará el mes posterior a que el IMSS haya recibido la contribución.

Para evitar que haya olvidos, para hacerlo más fácil y garantizar la permanencia de las trabajadoras en la seguridad social, las cuotas podrán ser abonadas de manera mensual, bimestral semestral o anual.

Sin embargo, para que las trabajadoras tengan la cobertura todo el mes, el monto de las cuotas deberán ser equivalentes al valor del salario base de cotización mínimo integrado de la Ciudad de México. “En caso contrario, la persona trabajadora del hogar quedará cubierta por los días que la o las personas empleadoras reportaron”.

Este es un requisito que no se exige al resto de la población trabajadora, “por lo que es discriminatorio”, señaló el Sinactraho el pasado 23 de febrero, antes de que el dictamen fuera aprobado en comisiones. Esta condición “haría inaplicable la seguridad social en la mayor parte de la República, en donde existe una enorme disparidad social y económica”, apuntó en un comunicado.

La opción que da el IMSS ante este problema es que las personas que no cumplan con el salario mínimo requerido y deseen tener acceso a la seguridad social, puedan hacerlo a través del programa piloto para personas trabajadoras independientes que también tiene en funcionamiento la institución.