Cascada de amparos y cárteles inmobiliarios, los riesgos de una planeación territorial sin ley en la Ciudad de México

El gremio de arquitectos y urbanistas manifestó su preocupación ante el proceso de consulta para la aprobación del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), instrumentos impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum con miras a la ordenanza urbanística de la capital hacia el 2035.

En un documento firmado por los representantes de la Asociación Mexicana de Urbanistas, la Academia Nacional de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos de México, se hizo un llamado al Congreso de la capital para crear la Ley de Ordenamiento Territorial, la cual dará sustento legal a las iniciativas.

Y es que, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo tercero “Desarrollo Sustentable de la Ciudad”, artículo 15, inciso A que:

“…sus características -del Plan General de Desarrollo y del PGOT- serán precisados en la ley correspondiente”. 

Aunque la Ley aún no existe, los instrumentos se encuentran en una fase de consulta. 

"Se está haciendo de forma incorrecta. Hacemos un llamado a las autoridades del Congreso para que podamos tener una Ley de ordenamiento territorial correspondiente", comentó Armando Rosales, secretario de la Asociación Mexicana de Urbanistas.

Cabe mencionar que la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México refiere que “el Congreso aprobará la Ley de Ordenamiento Territorial durante el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la I Legislatura”. Actualmente, se encuentra ya en la II Legislatura y aún no se tiene conocimiento de alguna iniciativa para la ley, que debió ser creada hace dos años. 

“No sabemos qué esté pasando, si ya se presentó una iniciativa por parte del gobierno capitalino o si está en proceso. Aunque si la hubiera, sería conocimiento de todo el mundo. Es decir, está en el limbo”, comentó el presidente del consejo directivo nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Juan L. Kaye López. 

Las consecuencias 

De acuerdo con los especialistas, la falta de una Ley para el PGOT no debe ser considerada una simple omisión, sino una inconsistencia jurídica que puede derivar en la vulneración en cascada de los derechos fundamentales de ordenamiento territorial.

Entre las mayores preocupaciones del gremio se encuentra el que desarrolladores inmobiliarios y grupos de interés aprovechen estas lagunas legales para recurrir a amparos que les permitan concretar proyectos irregulares. 

“Si no se está de acuerdo con lo que establece el PGOT y al no contar con una ley que lo sustente, es posible ampararse contra el instrumento. Lo que va a suceder en el Consejo de la Judicatura van a pasar muchos amparos que no debieran ser procedentes. Esto es una omisión muy grave”, insistió Kaye. 

En este mismo contexto, el arquitecto remarcó que se daría paso a la proliferación de los cárteles inmobiliarios, cuyas operaciones ya han afectado a la población de la urbe, pues agregan metros cuadrados de construcción, sin contar con la autorización respectiva.

Esta clase de prácticas ilegales se vio reflejada en el sismo del 2017, ya que edificios recién terminados colapsaron por tener pisos de más con cimentaciones insuficientes para resistir los movimientos telúricos, lo que dejó miles de viviendas afectadas y familias damnificadas. 

“Estas cosas hay que evitarlas, para eso es la ley, para tener elementos jurídicos que sancionen estas conductas. Pero la judicialización se puede volver una cosa común, la dinámica de la ciudad exige desarrollo en todos los ámbitos y si todos los edificios que se pretendan hacer van a estar sujetos a procesos judiciales, el futuro de la capital se vuelve incierto. No es un tema menor hablar de un programa de 15 años, lo que suceda hoy tendrá repercusiones de importancia para el futuro de la Ciudad de México", concluyó Kaye.