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Corrupción inmobiliaria sale cara y pega a los desarrolladores

El tema de permisos y licencias puede ser un foco de riesgo para actos fuera de la ley
 

En México, los actos de corrupción que se llevan a cabo en diferentes sectores, cuestan el equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB), un costo que también asumen los empresarios inmobiliarios que incurren en estas prácticas, sin embargo deben frenarse.

Así lo comentó Jaime Fasja, presidente nacional de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), quien señaló que la agrupación reúne a 80 empresas, además la entidad colabora directamente con las autoridades de gobierno para indagar sobre los actos de corrupción en los que un grupo constructores incurrió.

“Al final del día la corrupción es un fenómenos que nos cuesta a todos (…) En el 2021, México se posicionó en el lugar 124 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Uno de los más afectados somos los desarrolladores inmobiliarios, porque estas irregularidades nos desprestigian a todo el sector que tiene grandes inversiones en el país”, dijo Fasja.

Para la industria, los actos de corrupción suman presión a los costos e inversiones que se tienen que realizar de manera legal al erigir un proyecto.

Cabe recordar que actualmente el gobierno de la Ciudad de México realiza una serie de investigaciones contra el llamado “cartel inmobiliario”, el cual es acusado de tejer una red de funcionarios, alcaldes y regentes, coludida con constructores, quienes aprovecharon sus ventajas para realizar una serie de edificaciones irregulares.

“Apoyamos y respaldamos la iniciativa del gobierno de la Ciudad para investigar y combatir la corrupción, a fin de erradicar este fenómeno, que verdaderamente daña mucho a la sociedad y el desarrollo económico de la ciudad, y limita muchos desarrollos inmobiliarios”, expresó el titular de la Asociación.

Agregó que dentro de la ADI se impulsa una agenda de supervisión en las construcciones, para que las empresas se apeguen a la ley y sancionar a quien incurra en algún acto de corrupción. Indicó que ninguno de los asociados de la agrupación está involucrado en las prácticas señaladas, cuyas obras se edificaron principalmente sobre la alcaldía Benito Juárez.

Rechazan relación con cartel

Actualmente, la ADI prevé una inversión de 12,000 millones de dólares en inversiones tan solo en la Ciudad de México, donde cerca del 80% de las obras que se realizan son de parte de asociados del grupo, por ello considera necesario esclarecer el conflicto del cartel inmobiliario para permitir el desarrollo regular de las obras.

“Lo triste es que un número pequeño de desarrolladores y autoridades manchen al sector completo, pero al final es un número muy pequeño de obras que se dan en la Ciudad, son obras por lo regular chicas, las nuestras (de la ADI) por lo regular son mayores a 10,000 metros y pasan por un proceso de impactos ambientales, urbanos”, dijo Fasja.

Sin embargo, alertó que es necesario revisar puntualmente a las obras más pequeñas, las más sujetas a actos de corrupción, que tienen incluso una menor regulación, pues muchas de los actos irregulares pueden ser sobre elementos de seguridad que pueden ser peligrosas para la ciudadanía.

Bajo este escenario, Jaime Fasja señaló que el impacto del sector inmobiliario no debe ser percibido como de corrupción y colusión, sino como un generador de empleos.

Señaló que con las obras en proceso actualmente, se están creando más de 400,000 puestos de trabajo, no solo de la industria de la construcción, sino también de los diferentes puestos administrativos y para las personas que atenderán los distintos giros de los inmuebles.

Códigos contra la corrupción

La ADI cuenta con un código de ética que busca erradicar los actos de corrupción de parte de sus asociados en colusión con las autoridades, a través de monitoreo continuo.

Al detectar alguna práctica irregular, de acuerdo con Jaime Fasja, se procede a la expulsión e interlocución constante con las autoridades, para que realicen las investigaciones pertinentes.

“Donde más vemos estos actos pasar o están propensos es en temas de servicios, permisos y licencias, entonces trabajamos mucho de la mano de las autoridades de la Ciudad en crear marcos regulatorios adecuados", explicó el directivo.

“Es una industria en la que se ve lo que hicimos y en una muy buena interlocución con las autoridades y los asociados podemos monitorear que los procesos se lleven de forma correcta”.

 

Reportera especializada en el sector inmobiliario. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

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