Infonavit como constructora de vivienda, un regreso a las prácticas de corrupción: Canadevi

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) debe buscar alternativas disruptivas ante la crisis habitacional en México; sin embargo, encargarse directamente de la construcción de hogares, como lo hizo hasta 1992, y gestionar modelos de renta, podría “afectar el patrimonio de los trabajadores” y crear un “hoyo financiero” en el Instituto, según la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi). 

Esta es la postura del organismo empresarial ante la propuesta presidencial de reforma y adición de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución, cuyo propósito es que el Instituto destine sus recursos a la construcción habitacional y sea arrendador de las unidades que edifique.

“Celebramos que el Infonavit busque formas disruptivas para la atención a personas de menores ingresos; pero, en lugar de ser una solución, (la iniciativa) puede ser un problema mayor en detrimento de la derechohabiencia y su patrimonio, puede causar un daño en los próximos años”, comentó Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente nacional de Canadevi, en entrevista para Econohábitat. 

De acuerdo con el líder empresarial del sector de la vivienda, es imprescindible que el Instituto juegue un papel más activo en la oferta habitacional; no obstante, remarcó que encargarse directamente de la construcción marcaría el regreso a las prácticas de corrupción que ocurrieron en el pasado, especialmente, en la designación de contratos a las empresas desarrolladoras. 

Existen estudios, afirmó Moreno, que arrojan que el valor de la vivienda a través de mecanismos públicos presentaba un incremento sustancial en el valor de los inmuebles, costos que debía absorber el derechohabiente y “que no tenían razón de ser, ya que eran parte de la corrupción y de la designación a empresas constructoras cercanas a la dirección del Infonavit”. 

“Esto—añadió— causó una mala situación para los trabajadores, no llevó a una solución; en cambio, bajó la producción de casas en aquellos años en los que Infonavit se encargaba de la construcción”.

Por su parte, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Emilio Rojas Cobián, declaró que la propuesta de reforma en materia de vivienda debe ser analizada a profundidad para evaluar la capacidad financiera del Instituto, ya que se trata del “dinero de los trabajadores”.

“Debemos reconocer que tenemos un gran déficit de vivienda de interés social en el país y, en el sentido de que los trabajadores tengan derechos, creo que siempre será una buena noticia (la reforma); pero habría que evaluar las causas por las que el Infonavit dejó de construir en el pasado”, dijo el especialista. 

Riesgos financieros

Respecto a la propuesta de la creación de sistemas de renta con opción a compra de vivienda, el presidente de Canadevi apuntó que existe la posibilidad de generar una crisis financiera en el Infonavit, ya que este esquema no cuenta con una garantía de pago sobre los inmuebles, como es el caso del crédito hipotecario. 

“¿Quién va a hacerse cargo de cuidar que las unidades habitacionales sean adecuadas o de los incumplimientos de contratos? Si esto no se hace correctamente, lo único que provocaría es un hoyo financiero más grande de lo que existe hoy en la cartera vencida”, declaró Moreno. 

Según datos preliminares, el saldo de la cartera vencida del Infonavit al 31 de diciembre del 2023, ascendió a 306,767 millones de pesos, el cual muestra un incremento de 0.08% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras que el Índice de Morosidad (IMOR) se posicionó en 17.8 por ciento. 

Vías alternas

Para Moreno, una de las soluciones más viables para garantizar el acceso a la vivienda a los derechohabientes del Infonavit, es establecer mecanismos que amplíen el monto de los créditos hipotecarios. Además, insistió en que el gobierno federal debe habilitar el otorgamiento de subsidios directos al trabajador para solventar el pago de un inmueble habitacional.

“El costo de la vivienda ha tenido incrementos fuertes en los últimos años, no así los salarios de los trabajadores. Estamos hablando de una diferencia de más de 100,000 pesos entre lo que se autoriza en un crédito y el valor real de las propiedades. Personas que tienen un bajo ingreso no podrían juntar este monto si no es a través de apoyos estatales y federales”, afirmó Moreno.

El presidente de la AMPI mencionó que existen diversos factores que frenan el desarrollo de vivienda de interés social, por lo que el Estado debería considerar tomar acción sobre ellos para atender la demanda habitacional. 

“Vemos una voluntad por parte del gobierno federal de atender el déficit habitacional, eso es bueno, pero también se debe analizar el tema de los subsidios y políticas públicas que faciliten la inversión”, declaró Rojas.