Renta de vivienda, un derecho que no se escapa de la discriminación

Contar con una vivienda en México es un derecho básico que todavía le es negado a una gran parte de la población. Al aumento de precios, los desplazamientos forzosos y la gentrificación, se suma la discriminación a la serie de obstáculos que deben enfrentar quienes todavía no cuentan con un hogar.

Elizabeth Mateos, diputada de la Ciudad de México y miembro de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, presentó una iniciativa de ley para prevenir la restricción de arrendamiento a personas con hijos menores de edad o animales domésticos.

La propuesta busca modificar el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, y el artículo 2412 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de discriminación en arrendamiento de bienes inmuebles.

La coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), María Silvia Emanuelli, declaró que la iniciativa es un buen paso; sin embargo, expresó que la discriminación en el sector inmobiliario es más profunda.

"En el mercado de vivienda existe una clara discriminación ligada a la raza, la orientación sexual, la nacionalidad, el género, entre otros, que afecta a grupos sociales específicos. En el caso de los extranjeros, por ejemplo, la preferencia es hacia los estadounidenses o europeos, pero los migrantes de Centro y Sudamérica son fuertemente excluidos", comentó en entrevista para Econohábitat. 

Cruzar la línea de la discriminación

En su libro "País sin techo", la abogada Carla Escoffié relata casos de discriminación que llegaron a sus manos, entre ellos, mujeres de la Ciudad de México a las que se les exigió acta de matrimonio o comprobantes bancarios de algún hombre porque "no es común que una mujer pueda pagarse la renta sola"; mientras que otras personas fueron rechazadas por ser provenientes de ciertos estados de la República.

"Todo esto ocurre frente a autoridades que están acostumbradas a entenderlo como un mero problema entre particulares, en el cual no tienen ningún tipo de responsabilidad", mencionó la también activista.

De acuerdo con la especialista, entre el año 2015 y el 2022, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) registro 27 quejas calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con el acceso a la vivienda.

Aunque pueden parecer pocos, la escritora remarcó que estos hechos se atoran en múltiples filtros antes de llegar a la instancia correspondiente; además, es posible que gran parte de las víctimas no estén enteradas de que pueden proceder ante el Consejo y simplemente sigan su búsqueda en otros sitios.

De ese universo de 27 casos, el motivo de discriminación más frecuente fue discapacidad, seguido por condición económica y orientación sexual. Ocho de los actos fueron cometidos por arrendadores contra inquilinos. Y en ese mismo periodo el Conapred registró 52 posibles casos de los que se tuvo conocimiento, pero no que fueron canalizados a otras instancias.

Es verdad que los propietarios están en su derecho de seleccionar un inquilino que demuestre que puede cumplir con las normas y obligaciones necesarias, por lo que es oportuno hacer un diagnóstico y asegurar que si cuenta o no con la capacidad de hacerlo. No obstante, Emanuelli remarcó que existe una clara diferencia entre cuidar el patrimonio y la discriminación.

"Hay anuncios que de forma explícita piden que ciertos grupos de personas ni siquiera se molesten en levantar el teléfono para pedir informes. Es una discriminación evidente. En el momento en el que la solvencia económica no es suficiente para obtener el alquiler, podemos hablar de restricciones de otra naturaleza, aunque se debe analizar caso por caso", declaró la experta. 

La falta de regulación

En el sentido estricto, la exigencia de requisitos "absurdos", como un acta de matrimonio o tener cierto grado de estudios, para la renta de vivienda es legal, pues no existen códigos que aborden y castiguen esta práctica, según Escoffié.

La abogada compartió que no existe ningún mecanismo en México idóneo y pensado para los casos de discriminación en el acceso a la vivienda. 

"Tenemos algunos códigos civiles que tienen un capítulo de arrendamiento, pero es general, no sólo de inmuebles, sino también abarca el alquiler de inflables para fiestas, lo cual es inadecuado y desdibuja las necesidades reales", dijo para este medio.

Al respecto, Emanuelli agregó que la renta de vivienda, equivocadamente, se ve como un acuerdo entre privados que no tiene que ver con un derecho. Así, celebró que la iniciativa de la diputada precise que el acceso a la vivienda por medio de la renta es un mecanismo para la satisfacción del mismo; no obstante, insistió en que se debe crear una ley inquilinaria que regule la discriminación y otras problemáticas dentro del segmento.

"Se necesita una ley de alquiler que obligue a tener contratos escritos para dar garantía a arrendadores y arrendatarios, que permita ampliar los tiempos de ocupación, que reglamente los derechos de los inquilinos, la discriminación, y otros aspectos. Esperaría que se analice la complejidad de la vivienda en renta y se legisle", apuntó la activista.