Debilitar contrapesos afectaría rentabilidad de los recursos de los trabajadores

En caso de aprobarse la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la rentabilidad de los recursos de sus derechohabientes podría verse afectada al otorgar mayor poder de decisión al director general del organismo y debilitar los contrapesos con los que actualmente se cuenta al interior de la institución. 

De acuerdo con Carlos Ramírez, socio director de Integralia Consultores, la iniciativa prevé debilitar las decisiones de dos de los sectores que componen la estructura del organismo, que es el laboral y el patronal, y a su vez, darle más peso a la decisión del gobierno, lo cual obedece más a una intención política que a objetivos para generar una rentabilidad de los recursos de los trabajadores.

“Me parece que es una iniciativa que tiene una clara intencionalidad política de darle todo el poder al director general y al nuevo director de la empresa constructora. Es una muy peligrosa idea, no es que se pongan en riesgo los recursos en el sentido de que se los vayan a robar, aunque no dudo que habrá mucha corrupción, pero ciertamente hay riesgo se lesione y se lastime la rentabilidad futura de los recursos, por malas decisiones de inversión”, apuntó Ramírez.

El consultor precisó que los recursos con los que cuenta el Infonavit no se componen de erogaciones gubernamentales sino de las aportaciones de los trabajadores y en ese sentido, el instituto está obligado por ley a otorgar rendimientos iguales o superiores a la inflación a la Subcuenta de Vivienda.

“Lo que se hace es que se le dan más facultades al director general del Infonavit para tomar las decisiones respecto a los recursos, como mejor convenga al gobierno, se debilitan los contrapesos, que no son perfectos, pero al final del día están ahí el sector empresarial y los sindicatos y sirven de contrapesos porque los recursos que gestiona el Infonavit no son del Infonavit, no son del gobierno”, declaró Ramírez.

Sindicatos presentarán queja

La Asociación General de las y los Trabajadores (AGT) interpondrá una queja con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de restaurar el diálogo tripartita en el marco de la aprobación de la Reforma al Infonavit.

Durante conferencia de prensa, Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), indicó que también se enviará un oficio al Senado de la República y se preparan movilizaciones debido a la inconformidad del sector laboral con la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El objetivo es que se restaure el diálogo y el respeto al tripartismo, porque aquí no hubo ningún mecanismo de consulta para generar acuerdos con empleadores y trabajadores. No se puede hacer una reforma a la ley al margen de los trabajadores”, declaró.

Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, añadió que, además de la inconformidad por el golpe a la estructura del instituto, existen otros puntos en los que no están de acuerdo y dejan en estado de indefensión a los derechohabientes, como que el Infonavit podrá tomar en cuenta el buró de crédito para negar financiamientos.

Cambios dentro del gobierno corporativo 

• El director general del Infonavit será nombrado por el presidente de la república, actualmente el nombramiento es es avalado por la Asamblea General; y tendrá la facultad de derecho de veto sobre resoluciones que no sean aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración.
• La Asamblea General del Infonavit, que es el máximo órgano de gobierno dentro del organismo, se reduciría de 45 a 30 integrantes, con 10 integrantes por cada uno de los tres sectores (gobierno, patronal y laboral).
• El Consejo de Administración del Infonavit se reduciría de 15 a 12 integrantes, cuatro de cada sector.
• La Comisión de Vigilancia mantendría sus nueve integrantes, pero en lugar de repartirse de manera equitativa, serían cinco por parte del sector gobierno, dos del laboral y otros dos del empresarial.
• El Comité de Auditoría pasaría de tres a cinco integrantes, con tres representantes del gobierno federal, uno del empresarial y otro del laboral.
• El Comité de Transparencia pasaría de tres a cinco integrantes, de los cuales tres serían del gobierno federal, uno del laboral y otro del empresarial.