ASF pide que se evalúe la política de subsidios

La falta de planeación del subsidio esperado en gasolinas y diésel provocó un impacto en las finanzas públicas de 178,882.7 millones de pesos que liberaron a la inflación de un efecto de 1.12 puntos por no haber subido el precio de los combustibles en 2.41 pesos por litro, según revela la Auditoría de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2011 en la cual destaca que el subsidio en ese año fue 4.9 veces mayor a lo presupuestado. Ello sin incluir el impacto por 62,077 millones de pesos del subsidio a tarifas eléctricas a consumidores.

Detectó inconsistencias entre las cifras reportadas, lo que motivó que se hicieran cuatro observaciones y cinco recomendaciones en el dictamen que resultó negativo.

La ASF concluyó que Hacienda no tiene definido con claridad el esquema de apoyo a las gasolinas y el diésel y no se ajusta al criterio de racionalización que busca concentrar los beneficios en la población de menores ingresos para el uso eficiente de los energéticos y transparentar los subsidios.

El impacto económico que en el 2011 representó esta política pública para las finanzas del gobierno federal fue dejar de recaudar 178,882.7 millones de pesos. Por lo que es necesario que Hacienda defina claramente el concepto y la finalidad del esquema de apoyo a las gasolinas y el diésel, con el fin de que sea clara la naturaleza del esquema de apoyo.

Hay diferencias entre la cifra reportada de 165,977.3 millones de pesos en el apartado de política de ingresos y en las declaraciones del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) presentado por Pemex al Servicio de Administración Tributaria por 178,882.7 millones de pesos.

GASTO FISCAL VS SUBSIDIO

Luego de varias solicitudes de información y revisiones de documentos, la ASF encontró que hay ambigüedad en la concepción del IEPS negativo respecto de su carácter de gasto fiscal en donde se utiliza el término subsidio . Recomendó que la dependencia evalúe su política de precios administrados de las gasolinas y el diésel, con el fin de establecer con claridad la racionalidad de dicha política, que focalice los beneficios a la población de menores ingresos y los criterios de su instrumentación, así como la forma en que se pretende incidir en la política tributaria del país.

También debe revisar la metodología establecida para el cálculo del IEPS por la enajenación de gasolinas y diésel, con el fin de que el mecanismo determine con mejor precisión el monto que el gobierno federal dejará de recaudar por ese concepto, con el propósito de evitar variaciones significativas entre el monto estimado y el real.

En la revisión se hace referencia a estudios que realizó la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP en donde se demuestra que la transferencia del IEPS de las gasolinas y el diésel beneficia a 20% de los hogares con mayor ingreso al recibir 52.3% por tener mayor consumo en volumen de estos combustibles, por lo que al ser el IEPS una tasa que se aplica sobre el precio al público, la incidencia de este impuesto negativo tiene un mayor impacto en los deciles de mayores ingresos.

Se menciona que la Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, una política de precios inadecuada, envía señales equívocas que propician un uso ineficiente de la energía. Incluso con los ajustes por inflación y variaciones en los precios de los combustibles, un esquema inadecuado incentiva la demanda, incrementa los costos generales del sistema, contribuye a la emisión de contaminantes y Gases de Efecto Invernadero y estimula comportamientos indeseables, tales como el uso excesivo de equipos y aparatos ineficientes, o el desarrollo de mercados ilícitos.

Dice la ASF

HAY OPACIDAD EN EL SUBSIDIO A LA ELECTRICIDAD

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que hay opacidad en el esquema de apoyo a la energía eléctrica, donde el subsidio en el 2011 fue de 52,577 millones de pesos que, sumados a los 4,785.4 millones de pesos que se autorizaron para el reembolso del subsidio en efectivo, consiguió un total de 62,077.6 millones de pesos.

Explicó que la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y el alcance establecidos, se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La ASF consideró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza, racionalidad e impacto económico de los subsidios a la energía eléctrica. Se destaca que en el esquema de apoyo a la energía eléctrica la SHCP no tiene definida con claridad su naturaleza, lo que representa un área de opacidad del gobierno federal.

En los documentos de planeación nacional se hace referencia a este esquema como subsidio, cuya finalidad es apoyar a la población de menores recursos, pero su funcionamiento no corresponde a las características de esta figura de política fiscal, emitida por la SHCP. Tampoco existe claridad en el registro contable de estas operaciones, lo que limita su seguimiento y evaluación.

El impacto económico que representó en el 2011 esta política pública para las finanzas del gobierno federal es haber dejado de recaudar 62,077.6 millones de pesos. Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos a las leyes, reglamentos y disposiciones normativas.

leonor.flores@eleconomista.mx