Violencia dentro del sistema penal: desigualdad, sin perspectiva de género y acceso limitado a la información

La violencia de género es una de las problemáticas persistentes dentro de la población mexicana, existía antes de la llegada del coronavirus pero su impacto ha agudizado las desigualdades y agresiones de las que son víctimas las mujeres.

A escala general se ha podido observar un incremento importante del desempleo femenino, una sobrecarga de labores domésticas y de cuidados para las mujeres, una mayor vulnerabilidad social y de salud y más agresiones físicas, emocionales y sexuales al interior de los hogares durante la crisis sanitaria, éstas no son las únicas formas de violencia de género.

El sistema de justicia nacional presenta importantes problemáticas que violentan los derechos de las mujeres, desde la información y prevención del delito hasta la impartición de justicia, de acuerdo con el documento, "Las dos pandemias", elaborado por Equis Justicia, es necesario visibilizar las carencias del sistema penal y las prácticas que violentan los derechos humanos, especialmente de las mujeres y grupos vulnerables.

En situaciones de emergencia como la que surgió con la aparición de la pandemia Covid-19 es importante que las medidas se elaboren y apliquen desde una perspectiva de interseccionalidad y derechos sociales y humanos. Es decir, que se considere la situación de alta desigualdad, diversidad y distribución en la población antes de tomar medidas jurídicas.

En este sentido se identifica como necesaria la perspectiva de género para cuidar la integridad de las mujeres durante y después de la emergencia sanitaria. Especialmente el documento identifica algunas problemáticas importantes sobre el uso excesivo de la fuerza y vulnerabilidad en el acceso los derechos humanos:

1. Las prácticas de sanciones económicas o penales por el incumplimiento de normas temporales por Covid-19 sin una perspectiva ampliada de la situación; un ejemplo de esto se ha encontrado en casos de la confiscación de mercancías a vendedoras ambulantes y sanciones adicionales.
2. La ausencia de recursos y políticas de protección de las mujeres privadas de la libertad; en este sentido preocupan las condiciones de hacinamiento, falta de insumos para higiene y medicamentos en la mayoría de los centros penitenciarios del país.
3. Dificultades en el acceso a la justicia; debido a que gran parte de la atención y los recursos públicos están dirigiéndose a atender la emergencia de salud y la recesión económica y de empleo muchas de las solicitudes o denuncias realizadas por las mujeres están quedando en segundo plano.

La línea de acción de las autoridades debe fortalecer la perspectiva de género e interseccionalidad en todos los procesos y canales de atención del sistema penal nacional, principalmente en estos momentos de emergencia en los que acelera la violencia contra las mujeres y se agudizan de manera inédita las desigualdades.

Respuesta institucional de las autoridades es débil

Las problemáticas de violencia de género dentro del sistema penal ya existían previo a la pandemia y tanto antes como ahora la respuesta de las autoridades a escala nacional y local ha sido insuficiente para generar mayor equidad y justicia en la sociedad, resalta el documento de la organización Equis Justicia.

Es importante visibilizar las carencias para prevenir, investigar e impartir la justicia en México. Pero también es fundamental hacer énfasis en la falta de información o claridad en la misma; la ausencia de información estadística e investigación con perspectiva de género y la dificultad de muchas mujeres para acceder a información relacionada con el sistema penal.

Otra de las problemáticas importantes que resalta el documento es la austeridad presupuestaria en rubros tan relevantes como este; la perspectiva de género no sólo es necesaria para generar estructuras efectivamente equitativas sino también para incrementar la eficiencia del sistema de justicia nacional.

ana.garcia@eleconomista.mx