México, limitado en transparencia de gasto destinado a pandemia: IBP

México tuvo la calificación de "limitado" en la medición de la transparencia con la que manejó la gestión de la política fiscal que implementó como respuesta a la crisis del Covid-19, de acuerdo con la encuesta "Gestión de los fondos Covid. La brecha de la rendición de cuentas" realizada por el International Budget Partnership (IPB).

En el documento se informa que a fines del 2020, los gobiernos habían movilizado 14 billones dólares en respuestas de política fiscal de diferentes tipos. Estos incluyeron medidas de gasto adicionales, programas de desgravación fiscal y préstamos y garantías de préstamos, todos con el objetivo de financiar los servicios de salud necesarios, abordar las pérdidas de ingresos y mantener a flote las economías.

Para esta encuesta se tomaron en cuenta los paquetes fiscales que utilizaron los gobiernos de 120 países desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre del 2020. En el caso de México se tomó el decreto de austeridad para mitigar la crisis, publicado el 23 de abril del 2020.

Entre las acciones de aquel plan divulgado se encontraban la desaparición de 10 subsecretarías, la reducción de hasta 25% del sueldo de los altos funcionarios y no ejercer 75% del presupuesto para servicios generales y materiales, entre otros.

“Este decreto, que tiene 11 puntos, fue el se evaluó porque fue la única medida que lanzó el gobierno. Fue el único documento que se encontró para responder el cuestionario; hay otras cosas que sacó la Secretaría de Economía, pero a nivel Ejecutivo federal sólo fue este decreto”, explicó Paulina Castaño, investigadora en el Programa de Justicia Fiscal de Fundar.

El plan de austeridad representó un apoyo fiscal de 0.7% del Producto Interno Bruto y en opinión de Castaño estas medidas no fueron las adecuadas, porque todavía vemos un alto número de contagios, fallecimientos y aún seguimos en crisis económica.

En México la información que transparentó el gobierno fue parcial, pues, no se tuvo información suficiente de los recursos ni de las herramientas que utilizó para hacer frente a la pandemia, “no se transparentaron de manera adecuada”, comentó.

Por ello, México apareció en la encuesta con el rango de “limitado”, cabe aclarar que no hay calificaciones claras y puntuales, como sí las hay en “La Encuesta de Presupuesto Abierto” que también realiza IBP, explicó.

En este ejercicio se clasificó la transparencia de la información en Sustancial, Adecuada, Algún, Limitado y Mínimo.

Se evaluó si los gobiernos pusieron a disposición del público información presupuestaria integral sobre los paquetes de política fiscal introducidos y cómo se implementaron.

Paulina Castaño explicó que ésta es una encuesta que califica la transparencia y no la ejecución de los recursos.

En su opinión adquirir deuda hubiera solucionado muchas cosas inmediatas, sin embargo, “el gobierno implementó mecanismos nada adecuados”.

En la situación actual se pudieron haber redirigido los recursos para atender a la población más necesitada, además de apoyar a los sectores de salud y educación, lo que pudo haber cambiado las cosas, aseguró la entrevistada.

Reprobado en vigilancia de los recursos

IPB también evaluó la vigilancia de los recursos destinados a combatir la pandemia y refiere que los gobiernos están introduciendo medidas de política fiscal a través de diferentes mecanismos eludiendo el proceso normal de aprobación legislativa.

En muchos países salieron de manera inmediata a fiscalizar los recursos que se ejercían para combatir la pandemia; sin embargo, en el caso de México la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pasó desapercibida, al igual el papel del poder Legislativo que “no fue el mejor”, aseguró Castaño.

En este sentido, dijo que, la fiscalización debe de ser constante y se debe apelar a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, además, hay una Comisión de Vigilancia sobre el trabajo que realiza la ASF, entonces, se pudieron poner de acuerdo para trabajar en una fiscalización de los recursos en tiempo real.

“El Poder Legislativo no hace de manera adecuada su trabajo, no digo que no lo hace por completo, sin embargo, no vemos que tenga un rol activo en el trabajo de fiscalización y vigilancia”.

Por el contrario, el Congreso se dedicó a pasar todos los decretos presidenciales, como la eliminación de los fideicomisos, bajar el sueldo a funcionarios o medidas de austeridad que realmente no tiene un impacto en cuanto a montos importantes. “Aquí me parece que se quedó corto el Legislativo”.

Falta participación ciudadana

Año tras año, México responde la “Encuesta de Presupuesto Abierto” y ahora con la excepción del módulo de Covid, se refleja de nuevo que no hay participación ciudadana en la toma de decisiones del poder. 

“No hay mecanismos adecuados, abiertos y accesibles para que la ciudadanía participe para conocer más sobre el ejercicio de los recursos públicos. Esto es algo que ha fallado en el gobierno”.

En este sentido, Fundar ha tratado de impulsar que los gobiernos (local y federal) generen mecanismos de comunicación en donde se logre captar el interés del ciudadano y de esa forma empezar a vincular a la ciudadanía con los procesos de decisión presupuestaria.

“Hay ejercicios como el rally de datos o el explora datos que también emite la Secretaría de Hacienda y que al final se quedan cortos porque no tienen un impacto directo. Lo que se produce en esos mecanismos de participación ciudadana no son vinculantes en la toma de decisiones”.

santiago.renteria@eleconomista.mx