Uruguay anuncia alza a los impuestos

El gobierno uruguayo anunció este lunes un paquete de alzas y modificaciones de tributos, con eje en el aumento del impuesto a la renta, en el marco de su firme objetivo de reducir un déficit fiscal amenazante y mantener inversiones que generen crecimiento genuino.

A contramano de las promesas electorales y bajo presión por un déficit fiscal cercano a 3.7% del PIB, una inflación superior a 10%, una caída de las exportaciones de 39.2% en abril respecto de igual mes del 2015, el fortalecimiento del dólar y el contexto político-económico regional e internacional, el gobierno uruguayo recurre a medidas tributarias para enfrentar la compleja situación de sus cuentas.

Danilo Astori, ministro de Economía, fue el encargado de realizar el anuncio ante la prensa en la sede de la presidencia, en Montevideo: "El objetivo es proteger logros, evitar costos sociales y generar condiciones para seguir avanzando", expresó.

La idea es bajar el déficit en un punto del PIB, es decir unos 500 millones de dólares, a 2.5 por ciento.

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Según Astori, había un "margen acotado" para reducir el elevado gasto público local y por ello son fundamentales medidas para generar ingresos, lo cual se tradujo en alza de impuestos.

El anuncio más esperado fue el aumento del Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas (IRPF) -impuesto a la renta personal- que tuvo incrementos de entre 3 y 4 puntos porcentuales para cinco franjas de ingresos, a partir de la segunda más baja, de 33,401 pesos uruguayos (unos 1,000 dólares al cambio actual).

Astori resaltó los cambios en el contexto internacional y el regional, especialmente de los poderos vecinos Argentina y Brasil, que hicieron caer proyecciones y metas de crecimiento de Uruguay.

"Habíamos pronosticado un crecimiento de 2.5% y crecimos 1% (en el 2015). Eso nos lleva ahora a tener para el 2016 una previsión de medio punto de crecimiento, para el 2017 una previsión de un punto, para el 2018 de dos puntos y en el 2019 de tres puntos", declaró Astori.

Acotó que "7.7% totaliza el crecimiento económico en todo el periodo (de gobierno)... la mitad de lo que habíamos previsto cuando hicimos la ley de presupuesto".

Además, se anunciaron aumentos y cambios del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE, impuesto a las empresas) y tributos a las colocaciones financieras. En contrapartida, bajará dos puntos porcentuales el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el consumo con tarjetas de débito y crédito.

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También se anunciaron otra serie de medidas como reducción de ingresos a la administración pública y algunos ajustes en el sistema previsional.

Según el ministro, las claves para Uruguay pasan por consolidar la "inversión y el crecimiento como resultado genuino de la inversión".

Más temprano, el presidente Tabaré Vázquez había adelantado en el marco de un Consejo de Ministros que "el 80% de este modesto incremento (del IRPF) gravará a 10% de la población que tiene los ingresos mayores".

Antes del anuncio, Astori compareció ante el Secretariado Ejecutivo de la coalición gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) para explicar el alcance de las medidas, que ya habían recibido críticas previas de fuerzas de la oposición, de la central obrera Pit-Cnt y de varios analistas.

Una de las principales críticas es que Vázquez incumplió su promesa electoral del 2014 de que no habría "ningún incremento de la carga impositiva a la población".

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Pablo Mieres, líder del Partido Independiente (PI) dijo que el FA "le mintió a todos los uruguayos".

En tanto, José Amorín Batlle, senador del Partido Colorado, dijo que esto es una "muy mala noticia" y su colega Alvaro Delgado, senador del Partido Nacional (centroderecha), opinó que "se desaprovechó la bonanza" del país cuando hubo crecimiento y buena recaudación.

A nivel económico muchos consideran que la receta es equivocada porque tendrá escasa incidencia en el déficit y afectará al empleo y al consumo.

El economista Ignacio Munyo dijo al Canal 12 local que "se va a recaudar muy poco" y que habría que concentrarse en los recortes de gastos, mientras Fernando Pereyra, presidente del Pit-Cnt dijo que se aplicó un "atajo" facilista y que se evaluarán eventuales movilizaciones.

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