27 concesiones de espectro entregadas por la SCT son revocadas por incumplimientos

Un grupo de 27 personas físicas y morales, con ubicación en distintas localidades de la República Mexicana y con intereses en diversos sectores económicos, perdieron sus concesiones, permisos y autorizaciones para explotar bandas radioeléctricas en servicios de radiocomunicación privada, principalmente, debido a que incurrieron sostenidamente en violaciones a esas licencias de espectro.

Se trata de concesiones que por décadas se explotaron en fábricas, flotillas de taxis, edificios de viviendas; incluso, en instalaciones de una de las empresas de mueblería más afamada de México.

Las concesiones, autorizaciones o permisos de explotación, según la figura jurídica en que se otorgó cada licencia en particular a estos tenedores de bandas, habían sido concedidas y/o renovadas en su momento por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), antecesora de la actual Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), entre los años de 1985 y 1994.

Esta fue la época en que, conforme el entramado regulatorio de entonces, las concesiones se entregaban sin demasiadas obligaciones para los concesionarios, ni candados suficientes que los sujetara al cumplimiento de las obligaciones mínimas.

También fue la época en que la entonces SCT se condujo mediante la discrecionalidad, ya que, por ejemplo, las primeras licitaciones comerciales de espectro para radio, televisión y servicios de comunicación privada las comenzó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a partir del año 2014.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), surgida en 1996, desaparecida en 2013 y antecesora del IFT, conoció de este tipo de casos, pero nunca contó con las armas suficientes para sancionar a los concesionarios con, por ejemplo, una revocación de concesión de espectro o de red pública de telecomunicaciones, básicamente por dos obstáculos: que en organigrama dependía del Ejecutivo federal y éste podía frenar sus decisiones, con lo que sus atribuciones menguaban; y también porque sus resoluciones eran derribadas por las empresas en instancias judiciales.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, con un arsenal de atribuciones para regular a los concesionarios del espectro y respaldado en la reforma constitucional del 2013, entre demasiados casos que investiga en su sector, descubrió que estas 27 empresas y personas físicas habían dejado de abonar por años sus cuotas económicas, tres en el mejor de los casos, por la tenencia y explotación de sus bandas de espectro, lo que significa una pérdida de ingresos para la Tesorería de la Federación.

El IFT informó que los infractores incluso evitaron estar presentes en su domicilio en los actos de verificación y notificación del instituto.

La autoridad abrió un periodo para que los concesionarios realizaran una exposición de motivos que los hubiese orillado a dejar de abonar sus pagos anuales de derechos por explotar bandas radioeléctricas. Nadie atendió.

“Se pusieron a disposición de los presuntos infractores los autos de sus respectivos expedientes para que dentro de un término de 10 días hábiles formulasen los alegatos que a su derecho conviniera, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, se emitiría la respectiva resolución que conforme a derecho correspondiera (…) Los presuntos infractores no presentaron sus alegatos”, dijo el IFT.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió después una revocación de concesiones para explotar las bandas radioeléctricas en manos de estos 27 actores y determinó que ninguno de ellos y tampoco sus empresas subsidiarias o personas relacionadas podrá obtener concesión alguna de frecuencia de espectro durante cinco años.

“Quedan inhabilitados para obtener, por sí o a través de otra persona, nuevas concesiones, permisos o autorizaciones, por un plazo de cinco años contados a partir de que haya quedado firme esta resolución”, resolvió el IFT.

Las frecuencias antes concesionadas procederán a ser recuperadas por el IFT y esa autoridad evaluará la pertinencia de volverlas a colocar en el mercado en manos de nuevos actores, ahora mediante un proceso de licitación comercial, como marca la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).