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AMLO busca blindar preponderancia de la CFE
El mandatario quiere devolver el estatus de empresas públicas a la estatal eléctrica y a Pemex y garantizar que bajo ningún motivo las empresas privadas prevalezcan sobre estas; en un proyecto aparte, plantea que la Sener absorba las funciones de los reguladores del sector.
En el cambio al 25 constitucional se establece que las empresas estatales en los sectores estratégicos no se denominarán más como “empresas productivas del Estado
De prosperar la iniciativa de reforma constitucional en materia de industrias estratégicas presentada este lunes 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos adquirirían el carácter de empresas “públicas”, dejando a atrás su mandato actual de generación de valor para enfocarse ahora en la obligación de proveer bienes y servicios públicos.
El proyecto de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna no deja fuera la participación de los privados en el sector eléctrico, sin embargo, especifica también que la empresa pública estatal tendrá preponderancia de mercado.
En el cambio al 25 constitucional se establece que las empresas estatales en los sectores estratégicos no se denominarán más como “empresas productivas del Estado”, sino como “empresas públicas del Estado”.
De acuerdo con la reforma constitucional en materia energética del 2013, una “empresa productiva del Estado” tenía la misión primara de “generar valor” para el Estado mexicano, más allá de su función proveedora de bienes y servicios públicos, carácter que primaría ahora bajo la definición de “empresa pública del Estado”.
Esto, en principio, incluye en plural no sólo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sino a Petróleos Mexicanos (Pemex), a pesar de que todo el discurso que hasta ahora ha girado alrededor de esta reforma energética se ha enfocado únicamente en la electricidad.
A la vez, el 27 se modifica para aclarar que la Ley de la Industria Eléctrica indicará cómo empresas privadas distintas a la estatal eléctrica actuarán en el sector, siempre con menor participación que la CFE.
“Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”, se añade en el texto enviado al Congreso.
En términos generales, será necesario modificar las leyes de Pemex y la CFE, pero también la de Ingresos sobre Hidrocarburos -si Pemex cambiará su forma de tributar- la Ley de Transición Energética -para eliminar metas de combate al cambio climático en caso de emisiones de gases de efecto invernadero para agilizar la generación de energía con combustibles fósiles- y, por supuesto, la Ley de la Industria Eléctrica cuya reforma fue desechada hace una semana por la Suprema Corte que amparó a seis empresas con el argumento de la falta de competencia e inconstitucionalidad del nuevo texto.
Finalmente, el artículo 28 se modificaría para detallar los objetivos del control del sistema eléctrico nacional, lo cuales serán “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca”.
En el mismo artículo reformado, se considera ahora que no constituirá un monopolio el servicio de Internet que provea el Estado. Actualmente, la CFE es el único proveedor estatal de dicho servicio, lo cual le dejaría fuera de la órbita de la regulación antimonopolios.
Ahora, en el segundo transitorio de esta iniciativa de reforma a la Carta Magna, se establece “un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias correspondientes, en los términos de este”.
Al explicar la semana pasada su intención de presentar una nueva iniciativa de reforma constitucional en materia energética, luego de que una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera en definitiva los efectos de su reforma eléctrica del 2021, el presidente López Obrador dijo que el proyecto iría enfocado en dejar el régimen legal del sector “como lo había dejado el presidente Adolfo López Mateos en 1960”, cuando se nacionalizó la industria eléctrica.
Sin embargo, la reforma propuesta por el presidente este lunes no es tan radical, pues no cierra por completo la puerta a los particulares, lo que sí ocurrió en 1960, siendo hasta 1992 cuando nuevamente se permitió la participación privada en ciertas modalidades.
Adiós a la CRE y a la CNH
El Ejecutivo envió también otra iniciativa: una reforma a la administración pública para la extinción de organismos de carácter autónomo. En lo que concierne a lo energético, sencillamente se trata de que se realice una transferencia de obligaciones y facultades de los reguladores del sector, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a la Secretaría de Energía.
“El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país (la Secretaría de Energía) contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica; así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”, dice la modificación al Artículo 28, borrando completamente la existencia de reguladores del sector.