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AMLO busca prohibir el fracking en México desde la Constitución
La iniciativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador considera necesaria la modificación constitucional del párrafo séptimo del artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos o cualquier medida administrativa que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking o fracturamiento hidráulico.
La iniciativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador considera necesaria la modificación constitucional del párrafo séptimo del artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos o cualquier medida administrativa que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking o fracturamiento hidráulico.
Además de buscar la preponderancia con carácter de empresas públicas y no productivas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de pasar las funciones de los reguladores en competencia y energía a secretarías del Poder Ejecutivo, el paquete de iniciativas que se envió al Congreso este lunes 5 de febrero tiene otro tema relevante en materia energética: prohibir la práctica de fracking desde la Constitución.
Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó su Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua.
Esta propuesta tiene por objeto reforzar y actualizar el marco jurídico constitucional para “impedir prácticas que dañan el medio ambiente y la salud de la población mediante la prohibición de las actividades de minería a cielo abierto y del fracturamiento hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para la extracción de hidrocarburos”, dicta literalmente en su exposición de motivos.
Según la argumentación de la Cuarta Transformación (4T) para esta iniciativa, en 2019 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) estimó que el volumen de agua concesionado para la industria minera consignado en el Registro Público de Derechos de Agua ascendía a 472.53 hm3. Un hectómetro cúbico equivale a 1,000 millones de litros de agua, lo que representa el consumo anual de 15,000 personas, es decir, en 2019 el agua concesionada a la industria minera equivalía al consumo anual de más de 7 millones de personas.
Por ello, en la iniciativa se propone reformar el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución para establecer la preferencia del consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso y también reformar el párrafo sexto del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua, es decir, que esté en riesgo la disponibilidad de agua para consumo de las personas y uso doméstico.
A la vez, se considera necesaria la modificación constitucional del párrafo séptimo del artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos o cualquier medida administrativa que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking o fracturamiento hidráulico, por lo que también se establece que se sancionarán a las personas que realicen cualquier actividad relacionada con este tipo de extracción.
Sin embargo, la fractura hidráulica de formaciones de esquisto en que se obtienen los recursos mediante la ruptura de rocas ya se utiliza en el país, aunque no para estas formaciones sino para las convencionales y de hecho lo lleva a cabo Petróleos Mexicanos (Pemex), según admite la propia empresa en sus reportes al detallar actividades en regiones de difícil acceso o no convencionales como el norte de Veracruz y Chicontepec.
Para lo referente al shale o esquisto, son necesarias adjudicaciones de asignaciones a Pemex o contratos a empresas en estas geografías. Al no llevar a cabo rondas de licitación por mandato verbal del presidente, el actual gobierno impide de facto que se lleve a cabo la actividad del fracking.
La mayor de las quejas de los opositores a este tema es que México importa más de 60% del consumo de gas natural justo del gas shale que se extrae en Estados Unidos, en las formaciones de Waha e Eagle Ford, que son la continuación a Tamaulipas de las formaciones geológicas de esquisto.