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Contratos de protección llegan a la minería
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares denunció la desaparición del contrato colectivo en la mina de Buenavista del Cobre.
A pesar de estar prohibidos en México, los contratos de protección patronal se han arraigado en diversos sectores, uno de ellos es el de la minería, en donde los trabajadores se han visto afectados por la desaparición de los contratos colectivos de trabajo, que son sustituidos por los de protección, con la consecuente creación de sindicatos blancos, denunció el del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.
En un informe hecho en este gremio sindical sobre las condiciones que se da a los trabajadores que se encuentran bajo un contrato de protección, se advierte que se recortan al mínimo sus salarios, las prestaciones, así como sus derechos laborales.
En estas condiciones se encuentra Buenavista del Cobre (antes Cananea), donde ya fue eliminado el contrato colectivo de trabajo y se fijó un salario promedio de 180 pesos diarios; cantidad 50% menor a los 350 diarios que se otorgaban con el anterior contrato, dijo el sindicato.
De acuerdo con el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) Alfonso Navarrete Prida, están prohibidos en México los contratos de protección por varias razones: en primer lugar, porque los patrones y las juntas de conciliación deben hacer públicos los contratos colectivos; fue eliminada la cláusula de exclusión, de que si un trabajador no quiere pertenecer a un sindicato por ese hecho se le dé de baja; además, los procedimientos de recuento los hemos hecho mucho más expeditos y ha ganado el que tiene más votos . En ese sentido, agregó que todas esas razones hacen claramente identificable que la legislación mexicana prohíbe los contratos de protección .
Cabe destacar que el informe fue elaborado por el departamento jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, concretamente por los abogados Óscar Alzaga Sánchez y Abraham Garcilazo Espinosa, para ser enviado a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rose-Marie Belle Antoine. El contrato colectivo que tenía la mina de Cananea, actualmente Buenavista, pertenece a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).